El Gobierno asturiano ha recibido con evidente malestar la solicitud del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para incorporarse al expediente sancionador abierto contra la concesionaria Aucalsa, la empresa que gestiona la autopista del Huerna. La petición del ministerio para personarse como parte interesada en el procedimiento ha generado una tensa reacción institucional en Oviedo.
La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, no ocultó la sorpresa del ejecutivo regional ante este movimiento. «No tenemos muy claro si lo que pretenden es rescatar a los asturianos o rescatar la empresa privada que gestiona la autopista», afirmó de forma contundente.
El expediente sancionador se inició por parte de la Dirección General de Consumo, dependiente de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, al constatar que Aucalsa mantuvo sus tarifas habituales sin aplicar ningún tipo de reducción a pesar de las obras que llevan meses dificultando la circulación por el Huerna y empeorando la experiencia de los conductores que utilizan ese trayecto.
González Prieto también puso el dedo en la llaga sobre la falta de coordinación entre administraciones. «Llama mucho la atención la falta de coordinación política entre administraciones, lo que incrementa, si cabe más aún, la sorpresa», señaló, advirtiendo además de la paradoja que supondría que la intervención del ministerio terminase por blindar a la compañía concesionaria frente al propio procedimiento sancionador.
Desde el Servicio de Consumo se ha indicado que la solicitud de personación será estudiada para valorar su procedencia y viabilidad legal antes de tomar ninguna decisión. «Analizaremos la petición, siempre bajo un criterio técnico y ajustado a derecho», precisó la viceconsejera.
El caso arrastra una larga polémica. La concesión del peaje del Huerna fue declarada ilegal por la Comisión Europea en abril de 2024, y el Principado ha recordado que dicha concesión fue prorrogada en su día de manera que califica de «opaca» por un gobierno del Partido Popular.
González Prieto confía en que, en última instancia, prevalezcan los intereses de los ciudadanos asturianos por encima de los de una empresa privada que, según la postura regional, ha seguido cobrandoles sin ofrecer las condiciones por las que pagan.
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