El sindicato CSIF ha pedido explicaciones al Ayuntamiento de Valladolid tras detectar una serie de irregularidades en los procesos selectivos para cubrir plazas de inspector y subinspector de la Policía Municipal mediante promoción interna.
La organización sindical ha solicitado formalmente toda la documentación relacionada con estos expedientes, incluyendo las actas firmadas del tribunal calificador, los anexos, las hojas de valoración y los antecedentes incorporados al procedimiento.
El origen del conflicto se remonta al tratamiento desigual que el tribunal calificador aplicó a los aspirantes en función de la plaza a la que optaban. Las bases de ambas convocatorias establecían un límite máximo de 25 folios para la presentación de la memoria profesional. En el proceso de subinspector, cinco candidatos fueron excluidos por superar esa extensión. Sin embargo, al día siguiente, en el proceso de inspector, se permitió continuar a aspirantes que también habían superado ese mismo límite.
La situación empeoró cuando el tribunal volvió a convocar a los aspirantes inicialmente excluidos del proceso de subinspector, dándoles una segunda oportunidad para realizar una prueba que el resto ya había completado. Para CSIF, esta decisión vulnera de forma clara los principios de igualdad de trato e imparcialidad que deben regir cualquier proceso selectivo público.
Lo que ha elevado la alarma a un nivel mayor es la justificación utilizada para ese cambio de criterio. Una resolución del órgano de selección, fechada el 4 de agosto de 2026, citó como fundamento una sentencia del Tribunal Supremo del 4 de mayo de 2022, con número de recurso de casación 1823/2019. El problema es que, tras las comprobaciones realizadas por el sindicato, esa sentencia no ha podido ser localizada, ni guarda relación alguna con procesos selectivos, memorias profesionales o límites de extensión.
«De confirmarse que una resolución administrativa ha sido motivada mediante la cita de una sentencia inexistente, estaríamos ante unos hechos de extraordinaria gravedad», advierte CSIF, que no descarta acudir a los tribunales si no se toman medidas.
El sindicato exige al Ayuntamiento la apertura inmediata de una investigación interna, independiente y rigurosa, así como una explicación pública que permita recuperar la confianza de los aspirantes y del conjunto de la plantilla municipal.
La sombra de duda sobre la legalidad del proceso deja en una situación muy delicada tanto al tribunal calificador como a la propia institución municipal.
