La Diputación de Álava ha anunciado que actuará contra los monitores de un campamento en Barria que insultaron a varios niños por animar a la selección española de fútbol durante la final del Mundial celebrada el pasado 19 de julio.
Los hechos denunciados por varias familias apuntan a que algunos monitores impidieron a los chavales ver el partido, llegando a llamarles «fachas» y a pedirles que dieran la vuelta a sus gorras para que no se vieran las banderas de España.
La diputada de Cultura y Deporte, Ana del Val, ha sido clara al respecto: «Para nosotros la protección superior del menor es fundamental y vamos a actuar con el rigor que este departamento ha mostrado siempre».
La institución foral celebró el martes una reunión con las empresas adjudicatarias de los campamentos, que son de gestión privada, para recabar versiones y esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento se han recibido al menos dos quejas formales en el Instituto Foral de la Juventud de Álava, presentadas el pasado 21 de julio.
La clave del proceso sancionador está en los propios contratos firmados con las empresas. Los pliegos de condiciones de adjudicación recogen expresamente que los monitores no pueden «hacer comentarios y/o actividad política» en el desarrollo de los udalekus. Es precisamente esa cláusula la que permitirá a la Diputación aplicar medidas contra los responsables de los grupos.
Del Val ha preferido no adelantar el tipo de sanciones concretas que se impondrán, ni tampoco detallar el contenido de las quejas presentadas, argumentando que se trata de asuntos que involucran a menores, una circunstancia que considera prioritaria por encima de todo.
El caso ha generado una notable repercusión en el territorio, donde muchas familias han mostrado su indignación ante lo sucedido. El hecho de que los niños fueran reprendidos o insultados por mostrar apoyo a la selección nacional ha encendido el debate sobre el papel ideológico que algunos monitores ejercen en los campamentos públicos.
La Diputación se encuentra aún en fase de investigación y ha prometido hacer pública su resolución una vez concluido el proceso. Lo que parece fuera de toda duda es que los responsables deberán responder por sus actos.
