La reciente sentencia que avala la declaración de impacto ambiental de 2007 no cierra el mapa judicial de la ampliación norte del Puerto de Valencia. El proyecto acumula frentes abiertos en distintos tribunales del país, con recursos que van desde la adjudicación de las obras hasta los dragados que se están ejecutando en este momento.
El fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana fue una buena noticia para la Autoridad Portuaria de Valencia, pero la plataforma Comissió Ciutat-Port ya ha anunciado que lo recurrirá ante el Tribunal Supremo. La batalla ambiental, por tanto, continúa.
Mientras tanto, en Madrid se tramita otro procedimiento diferente. Ecologistas en Acción, en nombre de esa misma plataforma ciudadana, presentó este verano un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la ejecución del proyecto constructivo del nuevo muelle de contenedores. El foco está puesto en los dragados que se realizan en los puertos de Valencia y Sagunt para obtener material de relleno de la futura terminal.
Los ecologistas sostienen que esas obras se llevan a cabo sin una evaluación ambiental específica y que las condiciones fijadas en 2007 ya no se ajustan al proyecto real. Denuncian además que los trabajos han provocado episodios de turbidez que podrían afectar a espacios protegidos como el entorno del Parc Natural de l’Albufera y las praderas de posidonia.
En paralelo, la empresa valenciana Rover mantiene abierto su propio frente en la Audiencia Nacional. La compañía quedó segunda en la licitación de las obras, a menos de un punto de la UTE formada por Acciona Construcción, Jan de Nul y Grupo Bertolín. Tras perder su primer recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en septiembre de 2024, llevó el asunto a la Audiencia Nacional, donde cuestiona la valoración técnica de las ofertas. Eso sí, sin conseguir paralizar las obras, que siguen adelante.
Hubo también un tercer frente ambiental, ya resuelto, que discutía quién debía actuar como órgano sustantivo en la tramitación de la DIA: Puertos del Estado o la propia Autoridad Portuaria de Valencia. Ese litigio fue resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La ZAL es el único capítulo que ha quedado definitivamente cerrado este año, tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo. El resto del mapa judicial sigue con vida, y la ampliación norte del puerto más grande del Mediterráneo occidental todavía tiene mucho recorrido legal por delante.
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