La alcaldesa de València, María José Catalá, no tendrá el dictamen interno con el que supeditó cualquier exigencia de responsabilidades políticas a su socio de gobierno, el concejal de Vox Juanma Badenas. La Asesoría Jurídica Municipal ha comunicado que no procede redactar ese informe porque el asunto ya está en manos de la justicia.
Casi tres meses después de que unas grabaciones de cámaras de seguridad mostraran a Badenas accediendo a la sede del Sindicat d’Estudiants, en la avenida de Catalunya, junto a dos acompañantes que según el sindicato forzaron la cerradura y registraron las dependencias, los servicios jurídicos del consistorio han concluido que emitir una valoración paralela no resulta pertinente.
La razón que detallan es que la Sección de Instrucción número uno del Tribunal de Instancia de València ya ha abierto diligencias, y el objeto de esa investigación judicial coincide en gran medida con lo que la alcaldía había encargado analizar. Según fuentes municipales, los servicios jurídicos consideran que debe ser el propio servicio gestor de Patrimonio quien atienda directamente los requerimientos del juzgado, sin que tenga sentido elaborar una valoración jurídica en paralelo mientras la causa penal siga su curso.
Fue la propia Catalá quien anunció ese informe como respuesta a la polémica. La alcaldesa manifestó públicamente que ella no habría actuado de esa forma, pero condicionó cualquier consecuencia política al resultado del dictamen técnico que ella misma encargó.
La iniciativa de PSPV-PSOE y Compromís para reprobar a Badenas y exigir su cese como concejal de Patrimonio tampoco prosperó en el pleno, donde los votos del grupo popular y los cuatro ediles de Vox frenaron la moción.
El concejal de Compromís Ferran Puchades ha reprochado a la alcaldesa que haya estado «casi tres meses de brazos cruzados sin tomar ninguna medida» contra Badenas. «Lo ha hecho escudándose en la petición de un informe jurídico, como ya nos tiene demasiado acostumbrados en su ‘modus operandi’ habitual ante los casos polémicos», señala Puchades, quien califica de «inadmisible» que Catalá haya «empleado la técnica del avestruz» y haya evitado exigir responsabilidades a Badenas «por usar el patrimonio municipal como si fuera su cortijo particular».
A partir de ahora, el análisis sobre la legalidad de la entrada del edil en la sede del Sindicat d’Estudiants quedará en manos exclusivas de la vía judicial.
Con información de Valencia Plaza.
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