El futuro de la Cruz de los Caídos de Cáceres concentra posturas enfrentadas. Con el plazo de alegaciones al expediente de Bien de Interés Cultural a punto de cerrarse este 19 de septiembre, al menos siete entidades han hecho llegar sus argumentos a la Junta de Extremadura, divididas entre quienes exigen la retirada del monumento y quienes luchan por su conservación.
Por un lado, las asociaciones memorialistas Armhex y Amececa han presentado sus alegaciones pidiendo el archivo definitivo del expediente. Consideran que la Cruz no cumple los requisitos de valor artístico, histórico o arquitectónico que exige la ley de patrimonio para recibir la máxima protección, y recuerdan que el monumento figura en el catálogo estatal de símbolos contrarios a la memoria democrática. Para sostener su postura, aportan informes de expertos universitarios en historia y arte, algunos de los cuales proponen retomar proyectos anteriores como el traslado del monumento al cementerio municipal.
En el otro lado, la plataforma Salvemos la Cruz, Abogados Cristianos, Hazte Oír, el Observatorio para la Libertad Religiosa y la asociación Transparencia y Cumplimiento Normativo de Extremadura defienden que la Cruz debe permanecer en su emplazamiento actual.
El plazo de un mes que arrancó el pasado 18 de agosto, cuando la incoación del expediente se publicó en el Diario Oficial de Extremadura, expira precisamente hoy viernes. Aún podrían sumarse más alegaciones de otros colectivos o de particulares antes de que cierre la ventana de participación.
La apertura del expediente no fue casual en cuanto a sus tiempos. La Junta lo inició una semana antes de que se cumpliera el plazo de tres meses que el Gobierno central había fijado el 25 de mayo para la retirada del monumento. Con ese movimiento, la administración autonómica logró activar la suspensión preventiva de cualquier intervención sobre la Cruz sin autorización de la Consejería de Cultura.
La Junta reconoce el origen franquista del símbolo, aunque sostiene que esas connotaciones ya no se mantienen en la actualidad.
Ahora, la pelota está en el tejado de los técnicos autonómicos. La administración dispone de 16 meses para resolver el expediente. Si no lo hace en ese plazo, la protección provisional decaerá y el debate volverá a estar sobre la mesa con toda su carga política y social.
Más noticias de Cáceres
La artista extremeña Paula Valdeón inaugura la temporada en la Sala El Brocense con una mirada al hogar y la desigualdad
Cáceres se vuelca con la feria de San Miguel: los bares podrán convertir sus terrazas en barras callejeras
Un vecino de 82 años sobrevive una noche entera atrapado en un zarzal en Pasarón de la Vera