El proyecto del campus judicial de Valladolid recupera el pulso tras meses de incertidumbre. Tres empresas han presentado sus candidaturas para construir el complejo que reunirá bajo un mismo techo todas las sedes judiciales dispersas por la ciudad, en un contrato que roza los 50 millones de euros.
Las empresas Gyocivil, la unión temporal Cotodisa-Herce e Integración Exacta Organizada son las tres candidatas que pugnan por ejecutar unas obras que llevan más de once años en tramitación. El contrato está valorado en 49,98 millones de euros, casi ocho millones más que en la anterior convocatoria, que quedó desierta después de que la única oferta presentada fuera descartada por superar el presupuesto máximo permitido.
El siguiente paso en el procedimiento es la apertura de los sobres con la documentación técnica, acto que ya tuvo que aplazarse la semana pasada porque una de las empresas no había entregado todos los papeles requeridos. El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes confía en adjudicar el contrato en octubre, siempre que no surjan recursos que paralicen el proceso.
El incremento presupuestario fue autorizado por el Consejo de Ministros para adaptarse al encarecimiento de las materias primas y a los problemas de suministro derivados del conflicto en Irán. Con esta medida se busca garantizar la viabilidad real del proyecto y evitar que la licitación vuelva a quedar sin efecto.
El futuro complejo se levantará sobre la parcela del antiguo colegio El Salvador, junto a la plaza de San Pablo. El diseño, obra del arquitecto vallisoletano Primitivo González, prevé la demolición del edificio histórico para construir tres bloques conectados por pasarelas interiores, con una superficie total de 22.313 metros cuadrados y revestimiento en piedra caliza de Campaspero.
Las nuevas instalaciones acogerán 26 plazas judiciales de distintas especialidades, la Fiscalía Provincial y de Menores, el Registro Civil, el Decanato, los Servicios Comunes y el Instituto de Medicina Legal. También dispondrá de un salón de actos para macrojuicios y un aparcamiento subterráneo con 68 plazas.
La concentración de sedes permitirá al Gobierno ahorrar 1,2 millones de euros anuales en alquileres de locales como los de la plaza del Rosarillo o la calle Nicolás Salmerón.
Si el calendario se cumple, las obras arrancarían próximamente con un plazo de ejecución de 30 meses, lo que situaría la apertura del campus judicial en torno al año 2029.
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