Carmen Ortí, consellera de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana, ha salido en defensa de los servicios mínimos que su departamento fijó durante la pasada huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana. Lo ha hecho en un momento delicado, después de que la Fiscalía haya pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que anule la mayoría de esas medidas por considerar que vulneran el derecho a la huelga.
La consellera realizó estas declaraciones durante la rueda de prensa de inicio del curso escolar, donde dejó claro que el alumnado es «el centro y la razón de ser de la educación».
Ortí justificó la decisión señalando que los servicios mínimos establecidos fueron los que la Generalitat consideró esenciales para «proteger no solo el presente, sino el futuro de los alumnos», siempre, según subrayó, respetando el derecho legítimo a la huelga.
Uno de los argumentos centrales de la consellera fue la situación de los estudiantes que debían afrontar evaluaciones de final de etapa y las pruebas de acceso a la universidad. «Los alumnos no podían no ser evaluados, porque eso limitaba poder continuar con sus estudios», señaló.
Fue especialmente rotunda al referirse a las PAU: «No me parece que fuese lógico que nuestros alumnos no pudiesen haber participado en las PAU y que los puestos de nuestras universidades hubiesen sido cubiertos por alumnos de otras comunidades autónomas».
Preguntada por si volvería a tomar la misma decisión, Ortí no dudó: la Conselleria «lo volvería a hacer». Eso sí, añadió que acatarán «las decisiones que los órganos superiores tomen en ejercicio de sus competencias».
Y es que la pelota está ahora en el tejado del TSJCV. La Fiscalía ha solicitado la anulación de cinco de los nueve servicios mínimos fijados en una primera resolución, además de otras dos resoluciones posteriores relacionadas con la preparación y realización de los exámenes de selectividad. Entre los argumentos esgrimidos figuran una «justificación extremadamente genérica» en algunos servicios y la presencia de medidas «desproporcionadas» en los tribunales de las PAU.
El desenlace judicial podría tener consecuencias prácticas importantes. La huelga educativa se encuentra actualmente suspendida, pero si el TSJCV da la razón a la Fiscalía, los sindicatos podrían plantearse reactivarla con un nuevo escenario legal sobre los servicios mínimos. El inicio de curso llega, por tanto, con este conflicto aún sin resolver del todo.
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