La guerra judicial entre el Ayuntamiento de València y el sector del alquiler turístico vuelve a escalar. La Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de la Comunitat Valenciana (Avaec) ultima su recurso contencioso-administrativo contra la regulación urbanística aprobada en marzo por el Pleno municipal para controlar los pisos turísticos en la ciudad.
La patronal basa su demanda en dos grandes argumentos: la vulneración del principio de proporcionalidad y la falta de seguridad jurídica del nuevo marco normativo.
Según Avaec, el consistorio no ha explicado ni justificado con suficiente rigor técnico los porcentajes que determinan cuándo un barrio se considera «saturado» para denegar nuevas licencias. Tampoco existe, a su juicio, un orden claro de prioridad cuando varios promotores solicitan licencia al mismo tiempo en una misma zona.
La asociación denuncia además la opacidad del Censo de Alojamientos Turísticos (CATAV), el registro municipal que debe consultarse antes de iniciar cualquier trámite. Según la patronal, su funcionamiento no es transparente y sus calendarios de actualización resultan poco accesibles para los interesados.
Como argumento de peso, Avaec recoge declaraciones de miembros del propio equipo de gobierno en las que aseguraron que con esta normativa sería «prácticamente imposible» abrir nuevas viviendas turísticas en la ciudad. Para la patronal, esas palabras evidencian una intención restrictiva que va más allá de lo razonable.
Para preparar la base pericial del recurso, la entidad solicitó por la vía de transparencia el acceso completo a los datos del CATAV, desglosados por barrios, distritos y manzanas. El Ayuntamiento inadmitió la petición alegando que facilitar esa información requeriría una tarea previa de reelaboración por parte de los técnicos municipales, y remitió a la patronal a las vías de prueba propias del proceso judicial.
Este nuevo pulso llega en un momento especialmente delicado para el consistorio. Los tribunales ya han tumbado en el pasado restricciones similares aplicadas en Ciutat Vella y en el entorno del Cabanyal, y hace apenas unos meses el Tribunal Superior de Justicia anuló parcialmente la moratoria de licencias que el gobierno local decretó mientras tramitaba la normativa ahora impugnada.
El Ayuntamiento vuelve a jugarse en los juzgados la validez de su principal herramienta contra la turistificación, en un debate que sigue dividiendo a vecinos, propietarios y administraciones en toda la ciudad.
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