El monumento franquista de la plaza de América permanece en su lugar tras vencer el ultimátum del Ejecutivo central, que guarda silencio y no ha tomado ninguna medida contra el Ayuntamiento.
Han pasado ya veinte días desde que expiró el plazo que el Gobierno de España dio al Ayuntamiento de Cáceres para retirar la Cruz de los Caídos de la plaza de América. La cruz sigue ahí, en el mismo emplazamiento que ocupa desde 1938, y el Consistorio asegura no haber recibido ni una sola notificación nueva del Ejecutivo central desde entonces.
Tampoco ha llegado ninguna multa ni comunicación de sanción alguna por no haber cumplido con la orden de retirada.
La Secretaría de Estado de Memoria Democrática dictó la resolución el pasado 25 de mayo, tras incluir el monumento en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la Memoria Democrática. Desde ese momento, el Ayuntamiento tenía tres meses para retirar la cruz del espacio público. El plazo venció el 25 de agosto y no ha ocurrido nada.
La propia ley que ampara esa orden permite al Gobierno imponer multas coercitivas de entre 200 y 1.000 euros al mes, o incluso proceder a la retirada de forma subsidiaria y reclamar después los gastos al Consistorio. De momento, ninguna de esas opciones se ha activado.
La situación se complicó a mediados de agosto, cuando la Junta de Extremadura publicó en el Diario Oficial su decisión de iniciar el expediente para declarar la Cruz como Bien de Interés Cultural. Ese paso tuvo un efecto inmediato: desde su publicación, el monumento queda bajo protección preventiva y cualquier actuación que lo afecte necesita autorización de la Consejería de Patrimonio.
La Junta defiende que la intervención realizada en 1984, cuando se retiró la placa original con referencias franquistas y se sustituyó por otra con un texto de carácter civil, supuso una resignificación del monumento que permite valorarlo hoy desde un punto de vista patrimonial.
El Gobierno central no comparte esa lectura. Considera que la cruz fue utilizada durante el franquismo en desfiles y conmemoraciones, que sigue representando una humillación para las víctimas y que no puede considerarse un símbolo religioso dado su origen político.
El conflicto entre ambas administraciones ha llegado también a los tribunales, con el Ayuntamiento de Cáceres recurriendo la resolución ministerial.
Por ahora, la cruz permanece en pie y el Ministerio no responde.
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