La Empresa Municipal de Transportes de València podría desembolsar casi un millón de euros en honorarios jurídicos para intentar recuperar los 9 millones que pagó a Indra Sistemas por una plataforma de movilidad que nunca llegó a funcionar.
El consejo de administración de la EMT aprobó el pasado viernes, en una sesión extraordinaria, la contratación directa del despacho Andersen Tax & Legal Iberia para liderar la demanda judicial contra la tecnológica. Los honorarios fijados ascienden a 440.000 euros sin IVA para la primera instancia, aunque si la sentencia se recurre, la factura final podría superar los 800.000 euros una vez aplicado el 50% adicional por la segunda instancia y el IVA correspondiente.
La adjudicación se realizó sin concurso público, lo que generó tensión en el seno del consejo. La semana anterior, la oposición había conseguido dejar el asunto sobre la mesa para exigir un informe que justificase mejor ese procedimiento. Tras la presentación del documento, el equipo de gobierno utilizó su mayoría para sacar adelante la contratación.
La empresa pública argumenta que los servicios de defensa letrada son de naturaleza «personalísima» y que la relación de confianza entre abogado y cliente debe primar sobre cualquier otra consideración. También defiende que Andersen ya asesora al conjunto de municipios del proyecto Ciudades Conectadas, que incluye a Valladolid, Gijón, Vitoria, Logroño y Fuenlabrada, y que cambiar de despacho introduciría «suspicacias» y rompería la unidad de criterio entre todos los ayuntamientos implicados.
Otro argumento esgrimido es la urgencia: según la EMT, pedir ofertas a varios bufetes habría exigido semanas de estudio y podría haber comprometido los plazos de justificación de los fondos Next Generation vinculados al proyecto.
En cuanto al precio, la empresa sostiene que los 440.000 euros representan el 5,6% de la cuantía reclamada, por debajo del 10% o 15% que aplican habitualmente los grandes despachos en litigios de esta magnitud.
La oposición no lo ve así. El PSPV votó en contra y Compromís se abstuvo. La consejera socialista Elisa Valía recordó que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional este tipo de exclusión contractual en una sentencia de 2024, y criticó que se invoque urgencia cuando la EMT ya encargó informes a Andersen en febrero, tiempo más que suficiente para haber consultado con otros despachos.
El caso de la app fantasma sigue sumando capítulos polémicos para las arcas municipales de la capital valenciana.
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