El Ministerio Fiscal ha detectado indicios de responsabilidad contable en la sociedad pública SODEVA, hoy rebautizada como Valladolid Avanza, por no haber reclamado las indemnizaciones que quedaron reservadas tras la sentencia condenatoria del caso Meseta Ski. La denuncia parte del grupo municipal Impulsa Olmedo, que lleva meses alertando de un posible menoscabo al patrimonio de la Diputación Provincial de Valladolid.
Todo comenzó cuando Impulsa Olmedo presentó un escrito ante el Tribunal de Cuentas exigiendo que se aclarase por qué SODEVA no ejerció las acciones civiles que el procedimiento penal había dejado abiertas. El Tribunal de Cuentas archivó formalmente la acción pública, ya que la propia formación denunciante decidió no personarse como actor público, pero trasladó toda la documentación al Ministerio Fiscal, tal y como exige la normativa.
El fiscal, lejos de dar carpetazo al asunto, ha pedido que se remita testimonio completo de lo actuado a la Sección de Enjuiciamiento para proponer el nombramiento de un delegado instructor. En su informe señala que las pretensiones indemnizatorias de cuantía relevante que se reservaron en el juicio penal nunca llegaron a reclamarse, y que eso requiere una aclaración.
El consejero de cuentas ha ordenado en consecuencia enviar testimonio tanto a la Fiscalía como al representante legal de la Diputación, abriendo la puerta a que cualquiera de las dos partes solicite una nueva diligencia preliminar.
El caso Meseta Ski juzgó las irregularidades cometidas durante la construcción de un complejo de ocio en Villavieja del Cerro, cuya infraestructura principal eran dos pistas de esquí en seco. El proyecto se modificó de forma escandalosa: el presupuesto inicial de poco más de cuatro millones de euros acabó disparándose en casi tres millones más, un incremento cercano al 75 por ciento. Para colmo, esa modificación se aprobó apenas cuatro meses después de firmar el contrato original y sin abrir un nuevo proceso de licitación.
La Audiencia de Valladolid condenó al entonces alcalde de Olmedo y presidente de SODEVA, Alfonso Centeno, a nueve años y un mes de inhabilitación especial por prevaricación administrativa continuada. Su condena fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que sí absolvió al vicepresidente de la entidad, Pedro Pariente.
Impulsa Olmedo reclama ahora a la Diputación que explique públicamente qué ocurrió con esas acciones civiles y que tome medidas legales para defender el dinero de todos los vallisoletanos si finalmente se confirma el perjuicio económico.
