El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado el decreto que regulaba el uso normalizado del euskera en el sector público vasco. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dado la razón parcialmente a Vox, que recurrió la norma argumentando graves defectos en su tramitación.
El decreto en cuestión, aprobado en febrero de 2024, ha sido declarado nulo por no contar con una memoria económica suficiente que justificara su impacto real en las arcas públicas. Según el tribunal, el documento no cumplía con su función básica: evaluar de forma objetiva y técnica las consecuencias económicas y financieras de la regulación.
El fallo se apoya de manera determinante en un informe elaborado por la Oficina de Control Económico, órgano independiente encargado de velar por la solidez financiera de las normas. El propio tribunal califica ese informe de amplio, detallado y convincente, destacando que los restantes documentos aportados durante la tramitación del decreto carecían de la motivación necesaria para rebatirlo.
Entre los puntos más críticos señalados figura la ausencia de una estimación real de los costes que supondría aplicar los nuevos instrumentos de planificación lingüística previstos en la norma.
El tribunal, sin embargo, no acogió todos los argumentos de Vox. Rechazó la petición de nulidad total del decreto por supuesta vulneración de los principios constitucionales de cooficialidad lingüística e igualdad ante la ley, considerando que esos argumentos resultaban demasiado genéricos y no señalaban con precisión qué artículos del decreto habrían lesionado dichos derechos.
Cabe recordar que antes de dictar sentencia, el TSJPV elevó una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en relación con la Ley de Empleo Público Vasco. El Constitucional la inadmitió el pasado mes de junio por razones de forma, lo que permitió al tribunal vasco continuar con su resolución.
La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. Por su parte, el Gobierno vasco ya ha anunciado que estudia interponer ese recurso y trabaja en la elaboración de un nuevo decreto que subsane los defectos detectados, con la intención de tenerlo listo en menos de un año.
El caso pone de manifiesto la importancia del respaldo técnico y económico en la elaboración de normas de calado, especialmente cuando estas generan un amplio debate político y social como ocurre con la política lingüística en Euskadi.
