El robo de cable de cobre se ha convertido en uno de los dolores de cabeza más persistentes para el Ayuntamiento de Vitoria. En los dos últimos años, el Consistorio ha presentado 28 denuncias por sustracciones y daños en infraestructuras municipales, con los sistemas de alumbrado público como principal objetivo de los ladrones.
El perjuicio económico supera ya los 72.000 euros, una cifra que todavía crecerá porque varios expedientes están pendientes de valoración definitiva. A las pérdidas materiales se suma el riesgo para la ciudadanía: calles sin luz y manipulación de instalaciones eléctricas en manos de personas sin ninguna cualificación.
El pasado mes de junio marcó un punto de inflexión. El área de Espacio Público, que dirige la teniente de alcaldesa Beatriz Artolazabal, presentó ante la Policía Local y la Ertzaintza doce denuncias en apenas treinta días. «No estamos ante hechos aislados, sino ante una concentración de incidentes que exige una respuesta firme», advirtió la edil del PNV.
El polígono industrial de Júndiz concentra la mayoría de los casos. El escaso tráfico nocturno lo convierte en terreno fácil para los ladrones, que también han actuado en Salburua, Los Herrán y Zaramaga. El último golpe se produjo el 2 de julio en varias calles del propio Júndiz, con daños estimados en torno a 15.000 euros solo en esa intervención.
Lo que más inquieta a las autoridades municipales es el nivel de organización de algunas bandas. En octubre de 2025, tres personas fueron sorprendidas en la calle Zaramaga manipulando arquetas eléctricas equipadas con monos de trabajo, cascos de seguridad y conos de señalización, fingiendo ser operarios en una tarea rutinaria de mantenimiento. Una táctica calculada para no levantar sospechas a plena luz del día.
Los delincuentes se llevan cableado eléctrico, cable de tierra, conductores de cobre e incluso bobinas de alambre y herramientas almacenadas en dependencias municipales. Los daños colaterales incluyen arquetas reventadas, cuadros eléctricos destrozados y mobiliario urbano deteriorado.
Ante esta situación, el Ayuntamiento reclama que la justicia aplique la ley con toda su dureza, calificando estas instalaciones de «infraestructuras fundamentales». El Gobierno central, por su parte, ya trabaja en endurecer las penas para robos de cable en infraestructuras ferroviarias, con hasta seis años de prisión como horizonte. Vitoria pide que esa misma severidad llegue también al ámbito municipal.