Los abogados y abogadas del turno de oficio de Zamora han vuelto a alzar la voz contra el Ministerio de Justicia. El motivo es doble: el retraso de más de tres meses en el cobro de sus minutas y una remuneración que ellos mismos califican de irrisoria.
El portavoz del colectivo en la ciudad, Patricio Cuadra Blanco, pone cifras concretas sobre la mesa. «Nos pagan a 0,85 euros por hora trabajada», denuncia, una cantidad que contrasta con la complejidad y la responsabilidad que exige atender causas de justicia gratuita.
El hartazgo no viene solo por el dinero. Los profesionales reclaman que el turno de oficio sea reconocido legalmente como servicio público. Actualmente, lo que reciben no se llama salario sino «indemnización», un término que, según explican, niega cualquier vínculo laboral con el Estado y les impide cotizar esos ingresos como retribución por su trabajo.
«Queremos que se nos reconozca ese vínculo», subraya Cuadra Blanco, quien pide además que la remuneración suba hasta una cantidad digna, sin pretender equipararla a la del asesoramiento privado.
A esto se suma otra queja habitual en el colectivo: los profesionales costean de su bolsillo todos los medios necesarios para ejercer. Ordenador, despacho, vehículo, conexión a Internet. El Estado no aporta nada. «Somos las Kelly de la Abogacía», resume el portavoz, en referencia a la precariedad que arrastran estos trabajadores.
Las guardias de 24 horas tampoco están remuneradas si no se atiende ningún asunto. Cuadra Blanco recuerda que en un día de guardia por violencia de género cobró apenas 75 euros en el mes de abril, y que un divorcio de mutuo acuerdo le reporta poco más de 200 euros del Ministerio.
Otro punto de conflicto es la adscripción obligatoria al servicio para quienes se colegian, un argumento más que esgrimen para defender su carácter público y la necesidad de una relación laboral reconocida.
A todo ello se añade la desprotección ante posibles agresiones. Al no ser considerados autoridad pública mientras ejercen el turno de oficio, no cuentan con la cobertura legal que sí tienen otros funcionarios en situaciones similares.
El centenar largo de profesionales zamoranos que sostiene este servicio exige, en definitiva, que el Ministerio de Justicia ponga al día los pagos pendientes y abra una negociación real sobre sus condiciones de trabajo.
Más noticias de Zamora
Benavente pasa factura: el Ayuntamiento denuncia a los dueños del solar que ardió en la Vía del Canal
El empresario taurino Javier Chacón llega a Toro con ilusión y grandes planes para la feria de San Agustín
El incendio de Fermoselle vacía los hoteles de los Arribes aunque solo ha ardido el cinco por ciento del Parque Natural