La Asociación de Usuarios del Lago de Cala en Bosc ha dado un paso más en su batalla contra la dejadez institucional y ha presentado una denuncia ante el Defensor del Pueblo. El motivo: la falta de respuesta de Ports de les Illes Balears ante una situación que los propietarios de amarres califican de «anómala y extraordinaria».
Desde 2024, la asociación que preside Tolo Carrasco ha enviado numerosos escritos a Ports IB sin obtener contestación. Para el colectivo, este silencio no es solo una falta de cortesía administrativa, sino un incumplimiento directo de la Ley de Procedimiento Administrativo y de la normativa de transparencia.
El conflicto tiene su origen en la gestión del puerto por parte de la empresa concesionaria Nexport Nautical Experience SL, a quien los usuarios acusan de imponer contratos abusivos, subir precios de forma desproporcionada y cambiar amarres a usuarios que llevaban más de treinta años en las mismas plazas.
La situación ha llegado a tal extremo que varios amarristas han optado directamente por abandonar el puerto antes que seguir soportando las condiciones impuestas. Una pérdida que, según la asociación, era evitable si Ports hubiera actuado a tiempo.
Los usuarios recuerdan además que, desde mayo de 2025, el puerto de Cala en Bosc tiene carácter público. Así lo establecía el acuerdo firmado en 1995, por el que los propietarios de los terrenos cedían su gestión durante treinta años a cambio de construir las instalaciones. Sin embargo, el traspaso formal aún no se ha completado, y la asociación exige que se aclare de manera oficial.
Otro punto de fricción es la nueva licitación en marcha para la gestión del puerto, que afecta a sus 276 amarres. En los planos que acompañan ese proceso han desaparecido edificaciones e instalaciones portuarias que los usuarios consideran deben incluirse en el traspaso.
La paciencia de los amarristas está agotada. Además de la denuncia ante el Defensor del Pueblo, la asociación ya presentó escritos ante la Fiscalía por presuntas irregularidades graves en la gestión de la dársena, y ahora estudia emprender acciones legales para poner fin a las prácticas que consideran abusivas.
El puerto del suroeste de Menorca, uno de los más emblemáticos de la isla, vive así un momento de máxima tensión. Los usuarios esperan que la intervención del Defensor del Pueblo sirva por fin para obligar a la Administración a dar las respuestas que durante años ha negado.
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