Este verano ha llegado cargado de debates en muchos municipios costeros de Cantabria. La entrada en vigor, el pasado mes de mayo, de una nueva normativa autonómica sobre el autocaravanismo ha obligado a los consistorios a revisar sus ordenanzas y a buscar fórmulas legales para gestionar la llegada masiva de este tipo de vehículos sin vulnerar lo que dicta la ley regional.
El decreto 35/2026, vigente desde el 21 de mayo, reconoce el derecho de los autocaravanistas a pernoctar dentro de sus vehículos en la vía pública, siempre que estén bien estacionados, no desplieguen elementos al exterior y no generen residuos. Una medida que el Gobierno regional entiende como una apuesta por un turismo ordenado, pero que ha puesto en un aprieto a muchos alcaldes de la franja litoral.
Desde Castro Urdiales hasta San Vicente de la Barquera, los municipios más demandados por este colectivo están instalando, o planean hacerlo, barreras legales que el propio reglamento les permite. La más habitual es el uso de marcas viales en calles y aparcamientos que impiden físicamente el estacionamiento de vehículos de gran tamaño. A esto se suman señalizaciones verticales que restringen el acceso por peso o altura máxima, una herramienta sencilla pero muy eficaz para disuadir a conductores de autocaravanas y furgonetas camperizadas.
Municipios como Piélagos o San Vicente de la Barquera tienen además un argumento medioambiental de peso: sus suelos protegidos les permiten endurecer las restricciones sin necesidad de entrar en conflicto directo con la normativa autonómica.
En Castro Urdiales, el escenario es diferente. La localidad es de las más permisivas de la región: su ordenanza permite el estacionamiento y la pernocta en cualquier calle, incluidas las zonas de estacionamiento regulado, siempre que el vehículo no sobrepase las marcas del suelo ni haya señalización que lo impida. Para quienes buscan también acampar, el municipio ofrece el Castro Park, en el Barrio de Campijo, con capacidad para entre 30 y 40 vehículos.
Ribamontán al Mar sigue una línea similar. Su ordenanza autoriza el aparcamiento y la pernocta en todo el municipio, incluidas las zonas azules de Somo y Loredo en verano. Eso sí, la acampada está expresamente prohibida: desplegar toldos, mesas o sillas en la vía pública puede acarrear multas de entre 300 y 500 euros.
El debate está lejos de cerrarse. Los ayuntamientos buscan el equilibrio entre acoger un turismo en auge y proteger el descanso de sus vecinos y la convivencia en los espacios públicos más concurridos del verano.
