La administración de justicia en Álava atraviesa una crisis profunda. Así lo recoge la Memoria de la Fiscalía del País Vasco correspondiente a 2025, un documento que no solo traza un mapa preocupante de la delincuencia en el territorio, sino que lanza una severa reprimenda contra el funcionamiento de varios órganos judiciales de Vitoria-Gasteiz.
Los reproches más duros apuntan directamente a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la capital alavesa, cuya gestión es calificada de forma explícita como «sumamente insatisfactoria». La Fiscalía denuncia que causas con la investigación policial completamente cerrada han permanecido más de un año sin resolverse sobre la mesa del juez instructor, y advierte de que no es aceptable que delitos como el quebrantamiento de condena o el atentado tarden más de doce meses en tramitarse.
El resultado de esta parálisis es un dato que golpea con fuerza: los juicios penales cayeron un 33,4% en la provincia a lo largo del año pasado, mientras que las solicitudes de prórroga de instrucción se dispararon casi un 130%. El órgano fiscal no duda en señalar que esta situación es «una demostración más de cómo una mala praxis puede afectar a la totalidad del servicio».
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 también recibe críticas directas. El informe denuncia retrasos «absolutamente injustificados» que están causando graves perjuicios a víctimas e investigados, con vistas de medidas provisionales aplazadas hasta un año, un plazo que resulta intolerable cuando están en juego la seguridad y la estabilidad de personas en situación vulnerable.
A todo esto se suma un escenario delictivo que no da tregua. En Álava se registra ya una media de 1,3 agresiones sexuales al día, con un salto alarmante en los delitos contra menores, que alcanzaron 64 casos en 2025. La ciberdelincuencia se duplicó, los robos en tiendas y viviendas crecieron casi un 19% y las lesiones por violencia de género subieron más de un 21%.
El informe también pone el foco en los menores. La red de acogida de jóvenes migrantes quedó completamente desbordada, la Diputación pidió la declaración de situación de excepcionalidad y Álava sigue sin contar con un recurso residencial específico para adolescentes con graves problemas de conducta.
Un retrato duro y sin filtros de una justicia que, según la propia Fiscalía, no está llegando a tiempo a quienes más la necesitan.
