El debate sobre la limitación de vehículos en Menorca ha adquirido una nueva dimensión política con un argumento que pocos habían puesto sobre la mesa: la falta de reciprocidad con Mallorca.
El conseller socialista Eduardo Robsy ha señalado una contradicción que considera llamativa en la propuesta normativa que se debate en el Consell Insular. Según la redacción actual del texto, los empadronados en Mallorca quedarían exentos de las restricciones de acceso con vehículo a Menorca. Sin embargo, la situación inversa no se da.
La proposición de ley de regulación de afluencia de vehículos aprobada por el Consell de Mallorca el pasado junio no otorga ninguna ventaja especial a los menorquines. Estos quedan incluidos en el cupo general de visitantes y, por tanto, sujetos a las mismas restricciones que cualquier turista peninsular o extranjero. Solo se contempla una exención para desplazamientos por motivos laborales o médicos acreditados.
Ante esta situación, el PSOE ha presentado una enmienda para suprimir la exención que beneficia a los conductores mallorquines en la regulación menorquina. Robsy fue claro: «Un menorquín no puede ir por turismo a Mallorca en su coche y entra en el cupo general, y a la inversa sí. Tendría sentido que existiera una reciprocidad».
El conseller también advirtió de que esta desigualdad tiene consecuencias prácticas. En fechas señaladas como las fiestas de Sant Joan, la entrada masiva de vehículos procedentes de Mallorca sin ningún tipo de restricción puede comprometer el propio objetivo de la ley, que no es otro que reducir la presión del tráfico en las carreteras de la isla.
Los socialistas añaden además otra enmienda de calado: solicitan que la exención para los titulares de vehículos residentes en Menorca no se limite solo al empadronamiento, sino que también se exija que el impuesto de circulación del vehículo esté domiciliado en alguno de los municipios de la isla. Una medida orientada a evitar posibles irregularidades o usos fraudulentos de la exención.
La negociación entre PP y PSOE sigue abierta y con el reloj en marcha. Ambas formaciones se han dado un plazo de 48 horas para intentar alcanzar un acuerdo que evite que toda la regulación decaiga por falta de consenso. El principio de igualdad entre islas se ha convertido así en el nuevo escollo político de una ley que lleva meses generando tensión en el arco parlamentario insular.
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