Las principales organizaciones sindicales de la Policía Nacional han salido con dureza al paso de las críticas del consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, después de que este acusara al cuerpo estatal de actuar fuera de sus competencias al detener a dos agresores que atacaron a un aficionado de la selección española en Bilbao, en los días previos a la final del Mundial.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), la fuerza más representativa del Consejo de la Policía Nacional, fue el primero en responder. Su secretario general en Euskadi, Luis Mariano Rodado, no escatimó palabras. «Si pegan a un joven por llevar una bandera y no pasa nada, persiguen a un niño con una camiseta por el parque de Doña Casilda y no pasa nada, e intentan sabotear una pantalla gigante y no pasa nada; no tendremos que preguntar cómo ha podido suceder todo esto», declaró.
La pregunta que Rodado dejó en el aire resultó especialmente incómoda para las autoridades autonómicas. «Han tenido diez días para investigar estos hechos. ¿En qué situación están esas investigaciones? ¿O es que no han llevado a cabo ninguna y ahora se ofenden porque la Policía Nacional investigue tras recibir una denuncia?».
Según informaciones disponibles, hay una veintena de atestados abiertos en siete comisarías de la Ertzaintza relacionados con los altercados que sacudieron el centro de Bilbao aquellos días.
El SUP recordó además que la investigación de delitos de odio es una competencia compartida en Euskadi y que este tipo de infracciones están castigadas en el Código Penal con hasta cuatro años de prisión, al atentar no solo contra la integridad física de las víctimas sino contra valores constitucionales como el respeto, el pluralismo y la dignidad humana.
Por su parte, Jupol-ASP calificó de «intolerables» las declaraciones del consejero y aseguró que Zupiria «prefiere señalar a los policías antes que condenar a los cachorros de ETA». El comunicado del sindicato fue aún más directo: «Resulta lamentable que salga en defensa de dos abertzales detenidos por la Policía Nacional en lugar de respaldar a quienes garantizan los derechos y libertades de todos».
La polémica no muestra señales de apagarse. Los sindicatos exigen que se reconozca la labor de los agentes implicados en las detenciones y advierten de que convertir a los policías en el problema, mientras se minimizan las agresiones sufridas por ciudadanos en la calle, envía una señal muy peligrosa a la sociedad.
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