El Grup Parlamentari Socialista ha presentado una Proposición No de Ley para que la Sindicatura de Cuentas investigue en profundidad las tarifas que cobra la empresa concesionaria Tirme por el tratamiento de residuos sólidos en Mallorca.
La iniciativa llega después de que un informe de la Intervención General del Consell de Mallorca calificara de «desfavorable» y con un «impacto grave» el sistema tarifario vigente. Según los socialistas, lo que pagan los ciudadanos por este servicio supera con creces lo que debería costar si contara con una gestión pública más eficiente.
Para el PSIB, las tarifas son «desproporcionadas» y hay margen suficiente para reducirlas. El propio informe señala que lo abonado a Tirme va muy por encima de los costes reales del servicio, generando beneficios para la concesionaria que los socialistas comparan con los de «un monopolio privado».
El diputado Llorenç Pou ha expresado su preocupación por una fórmula tarifaria que, a su juicio, perjudica directamente a la administración. Según el parlamentario, el sistema incorpora incrementos «no aceptables», como cálculos basados en estimaciones en lugar de costes reales, mientras la empresa obtiene «beneficios extraordinarios» difícilmente justificables.
Además de revisar las tarifas actuales, los socialistas han pedido a la Sindicatura que elabore un estudio específico sobre los costes que asumirá el Consell de Mallorca al gestionar los residuos procedentes de Eivissa. El Govern balear ya ha dado luz verde a una transferencia de 50 millones de euros repartidos en diez años para cubrir este traslado.
En este punto, el PSIB ha cargado contra PP y Vox por haber respaldado esa partida en el Parlament, atribuyendo la situación a la «falta de previsión y gestión» del Consell d’Eivissa en materia de residuos. Para los socialistas, semejante desembolso público merece un análisis riguroso antes de quedar aprobado sin mayor debate.
La propuesta busca, en definitiva, que un órgano fiscalizador independiente aclare si el sistema de gestión de residuos beneficia más a la empresa privada que a los ciudadanos que lo financian cada día con sus impuestos.
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