Más de 2.000 personas en Salamanca logran salir de la sombra gracias a la regularización extraordinaria de migrantes

Salamanca ha vivido en los últimos meses un proceso silencioso pero profundo. Más de dos mil personas extranjeras que llevaban años trabajando, viviendo y echando raíces en la ciudad han tenido por fin la oportunidad de regularizar su situación administrativa. Los datos del Ayuntamiento y de Cáritas así lo reflejan, y detrás de cada expediente hay una historia de espera, miedo y esperanza.

Más de 2.000 personas en Salamanca logran salir de la sombra gracias a la regularización extraordinaria de migrantes

El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado un aumento en el número de personas extranjeras empadronadas en Salamanca a fecha del 1 de julio de 2026, coincidiendo con el cierre del plazo de la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno. El consistorio emitió hasta 892 informes de vulnerabilidad favorables durante el proceso, mientras que Cáritas atendió más de 1.200 consultas y tramitó 754 expedientes entre el 16 de abril y el 30 de junio.

El perfil de quienes se acogieron a esta medida es el de una persona en plena edad laboral, de entre 18 y 65 años, siendo mujeres el 51% de los solicitantes. La mayoría proceden de Perú, Colombia y Marruecos, y muchos de ellos llevaban entre siete y nueve años en España sin conseguir sus papeles.

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Mamen Espejo, abogada de Cáritas en Salamanca, describe la situación con claridad: sin documentación no hay contrato, sin contrato no hay alquiler, y sin alquiler no es posible empadronarse. Un círculo del que resulta casi imposible salir sin una intervención como esta.

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La misma profesional subraya que la falta de papeles no solo limita el acceso al trabajo, sino también a la sanidad pública y a cualquier forma de integración real en la sociedad. Muchas de estas personas han estado empleadas en condiciones precarias, expuestas a abusos precisamente por esa vulnerabilidad administrativa.

Espejo rechaza cualquier lectura partidista del proceso y recuerda que los migrantes que trabajan cotizan a la Seguridad Social, pagan impuestos y contribuyen directamente a sostener servicios públicos como la educación y la sanidad. «La gente viene a trabajar, ese es su principal objetivo», insiste.

La regularización, de carácter extraordinario, deberá renovarse al cabo de un año. Para mantener la situación regular bastará con acreditar un empleo, algo que, según Cáritas, es precisamente lo que estas personas llevan años buscando sin que el sistema se lo permitiera.

Salamanca tiene ahora más de dos mil vecinos que por fin pueden serlo de pleno derecho.