La organización agraria UPA Salamanca ha pedido una reunión urgente con la subdelegada del Gobierno en la provincia para frenar lo que describe como una oleada de robos que está golpeando sin piedad a agricultores y ganaderos de toda la comarca.
El principal foco de alarma está en la comunidad de regantes del Canal de la Armuña, donde bandas organizadas han sustraído el cableado de las placas solares de las instalaciones de riego. El robo no solo supone un grave daño material, sino que ha dejado sin energía los sistemas de riego en plena campaña estival, obligando a los regantes a conectarse a la Red Eléctrica para salvar sus cosechas.
El problema es que este recurso de emergencia llega en el peor momento posible: en verano, con los precios de la electricidad en sus máximos anuales. Los afectados se ven así ante un doble gasto, el de reponer los materiales robados y el de asumir unas facturas eléctricas desorbitadas que nadie va a compensarles.
Carlos José Sánchez Rodríguez, secretario general de UPA Salamanca, ha señalado que la situación es insostenible y ha apuntado directamente a la escasez de efectivos del equipo ROCA de la Guardia Civil, la unidad especializada en delitos en el medio rural. Según denuncia la organización, este equipo cuenta únicamente con dos agentes para dar cobertura a toda la provincia de Salamanca, algo que califica de «totalmente insuficiente».
La despoblación agrava todavía más el problema. En los municipios más vaciados, los robos pueden pasar días sin ser detectados, lo que da a los delincuentes un amplio margen de actuación. Además, muchos agricultores optan directamente por no denunciar, convencidos de que los trámites no servirán de nada ante una tasa de resolución de delitos tan baja.
UPA reclama también un cambio en el tratamiento judicial de estos casos. La organización exige que las condenas no se calculen solo en función del valor de lo robado, sino que contemplen también los daños materiales y las pérdidas económicas indirectas que generan en las explotaciones.
Por último, la organización pide coordinación con las provincias vecinas, ya que muchos de los autores de estos delitos proceden de otras zonas de Castilla y León y actúan de forma itinerante.
El sector primario salmantino espera respuestas. Por ahora, el campo sigue expuesto.
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