Cuatro detenidos en Camarma de Esteruelas tras robar 76 catalizadores en dos meses en el este de Madrid

La Guardia Civil ha desarticulado en el municipio madrileño de Camarma de Esteruelas un grupo criminal de cuatro hombres, de entre 25 y 45 años, especializados en el robo de catalizadores de vehículos estacionados en la vía pública. En poco más de dos meses, llegaron a sustraer hasta 76 piezas en veinte municipios del este de la Comunidad de Madrid.

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La investigación arrancó el pasado 10 de mayo, cuando distintos vecinos comenzaron a presentar denuncias por encontrar sus coches sin catalizador. Lo que en un primer momento podía parecer hechos aislados fue tomando forma de una operación organizada y sistemática que afectaba a una amplia franja del territorio madrileño.

El modus operandi del grupo era metódico. Los cuatro individuos se desplazaban en vehículos a los que habían acoplado matrículas falsas, previamente robadas de otros coches, para dificultar su identificación. Una vez en el lugar, seleccionaban el vehículo objetivo y, en cuestión de minutos, extraían el catalizador y abandonaban la zona a toda velocidad.

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Para no dejar rastro, los autores se cubrían el rostro con gorras y mascarillas y vestían ropa de manga larga. Esta precaución no era casual: buscaban ocultar tatuajes que pudieran delatar su identidad y complicar la labor de los investigadores.

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Los catalizadores robados se vendían con rapidez en el mercado de segunda mano. Su valor dependía de la concentración de metales preciosos que contenían, principalmente paladio, rodio y platino, minerales muy cotizados y difíciles de rastrear una vez separados de la pieza original.

La actividad delictiva del grupo ha derivado en una extensa lista de cargos: 76 delitos de daños, nueve de hurto de placas de matrícula, nueve de falsedad documental, un delito de robo o hurto de uso de vehículo, uno de robo con fuerza y otro de pertenencia a grupo criminal.

El caso pone de relieve la proliferación de este tipo de robos en zonas residenciales y periurbanas, donde los vehículos permanecen estacionados durante horas sin apenas vigilancia. Las víctimas, además del coste económico de la pieza, deben asumir reparaciones que en muchos casos superan los mil euros.

Las diligencias han sido entregadas a la autoridad judicial competente.