El Govern balear suprimirá en los próximos meses el artículo que reconocía al Consell de Menorca la posibilidad de gestionar directamente todos los recursos hídricos de la isla, incluyendo pozos, acuíferos, concesiones, regadíos, la desaladora y las depuradoras. La medida llega en el peor momento posible: los acuíferos menorquines están en el nivel más bajo registrado y el consumo de agua supera en un 35 por ciento lo previsto en el Plan Hidrológico.
El golpe llega a través de la nueva Ley del Litoral, impulsada por el conseller del Mar, el propio menorquín Juan Manuel Lafuente, que deroga seis artículos y una disposición de la Ley de Reserva de la Biosfera, aprobada en 2023. Entre ellos figura el artículo 13, que abría la puerta a que Menorca fuera la primera isla balear en asumir el control directo de sus reservas de agua.
Una oportunidad que llevaba tres años sobre el papel sin haberse hecho efectiva y que ahora queda descartada de forma indefinida. La competencia, según el Govern, deberá tramitarse en el futuro de manera simultánea para todos los Consells insulares, sin que exista ningún plazo concreto para ello.
Desde el ejecutivo autonómico justifican la supresión alegando que el artículo 13 tenía «fundamentalmente un carácter declarativo» y que no suponía por sí solo ninguna transferencia real de competencias. La consellera de Ordenación del Territorio, Nuria Torrent, asegura que «la situación es exactamente la misma que ahora» y que así lo recoge un informe de la Abogacía de la comunidad.
Sin embargo, la eliminación de este artículo devuelve al Govern el control ejecutivo sobre el agua en Menorca, una gestión que no ha estado exenta de polémica durante este mandato. Las críticas apuntan a casos como las piscinas de hoteles camufladas como aljibes, multas consideradas irrisorias por pozos ilegales que abastecían hasta quince piscinas, o la Ley Ómnibus, que permite aprobar nuevos desarrollos urbanísticos sin el informe previo de Recursos Hídricos.
El Consell de Menorca, que había creado recientemente una comisión insular del agua para coordinar la acción de los ocho ayuntamientos, ve así reducido su margen de actuación en un asunto que cada verano se convierte en una urgencia de primer orden para la isla.
La nueva ley iniciará su tramitación parlamentaria tras el verano, cerrando un capítulo que muchos en Menorca esperaban que marcara el inicio de una gestión más autónoma y eficaz del recurso más preciado de la isla.
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