El sector de la construcción en Menorca ha cerrado la primera mitad de 2026 con cifras positivas sobre el papel, aunque los datos esconden una realidad más matizada. La isla ha registrado más de 800 obras visadas entre enero y junio, si bien al descontar las legalizaciones extraordinarias de edificaciones la cifra se reduce hasta las 668, lo que refleja un crecimiento interanual más contenido de lo que los titulares pueden sugerir.
Estos datos forman parte del Observatorio de la Edificación del primer semestre de 2026, presentado este miércoles por el Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares en sus distintas sedes insulares. En el conjunto del archipiélago, el visado de obras creció un 28,1% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando más de 8.600 expedientes. Sin embargo, casi un tercio de esos proyectos corresponden a regularizaciones extraordinarias, lo que distorsiona de manera significativa la lectura del dato bruto.
En el caso de Menorca, el impacto de estas legalizaciones se nota con claridad en la vivienda unifamiliar. Se visaron cerca de 220 unidades de este tipo, pero al excluir los expedientes de regularización la cifra cae hasta las 113, lo que evidencia que buena parte del incremento no responde a nueva construcción sino a la puesta en orden de edificaciones ya existentes.
En cuanto a la creación de vivienda nueva, la isla registra unas 470 unidades, entre las que se cuentan más de 250 viviendas plurifamiliares libres. El presupuesto de las obras visadas en Menorca supera los 140 millones de euros, con una superficie total que roza los 169.000 metros cuadrados.
Los arquitectos han advertido que el aumento de la actividad no resuelve por sí solo el problema de fondo: la escasez de vivienda asequible y protegida frente a una demanda que no deja de crecer. Este es, según el Colegio, el principal reto del mercado residencial balear, y Menorca no es una excepción.
La conclusión que dejan estos datos es clara: construir más no equivale automáticamente a construir mejor ni donde más se necesita. Mientras las legalizaciones inflan las estadísticas, la oferta de vivienda a precio razonable para los residentes de la isla sigue siendo insuficiente, y ese es el verdadero desafío que el sector y las administraciones tendrán que afrontar en los próximos meses.
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