El Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, en Oviedo, vuelve a estar en el centro del debate político después de que una nueva revuelta dejara varios trabajadores heridos y cinco internos fugados. El diputado del Partido Popular Manuel Cifuentes ha salido a denunciar públicamente lo que considera un abandono sistemático por parte del Gobierno asturiano de Adrián Barbón.
Cifuentes no ha dudado en calificar lo ocurrido como «un grave problema estructural de gestión», alejándose de cualquier lectura que intente presentar los hechos como un incidente aislado. En su opinión, tanto la oposición como los propios trabajadores del centro llevan años advirtiendo de una situación que nadie en el Ejecutivo regional ha querido atajar con medidas reales.
El parlamentario popular ha recordado que, tras un episodio similar ocurrido meses atrás, el consejero Guillermo Peláez anunció una intervención directa en la gestión del centro y la creación de una comisión de seguimiento. Un movimiento que, según Cifuentes, supuso una desautorización implícita a la directora del centro y que, a la vista de los hechos, no ha servido para evitar nuevas crisis.
«No ha servido para nada», ha sentenciado el diputado, que apunta directamente a la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos como responsable de la situación.
Más allá de los problemas de dirección, el PP señala también el deterioro físico de las instalaciones. Cifuentes ha alertado de que el centro «se viene abajo en cuanto a sus infraestructuras» y ha criticado la falta de inversión acumulada durante años. A esto se suma, según ha explicado, una conflictividad creciente con la empresa de seguridad contratada, asunto que los trabajadores también habrían trasladado al Gobierno sin recibir respuesta.
La situación en Sograndio refleja una tensión que se ha ido enquistando con el paso del tiempo. Los empleados del centro, que son quienes sufren en primera persona las consecuencias de cada altercado, siguen reclamando soluciones concretas que van mucho más allá de los comunicados y las comisiones de trabajo.
El Gobierno asturiano no ha ofrecido de momento una respuesta pública a las últimas críticas del PP, aunque los ojos de la ciudadanía y de los propios trabajadores del centro están puestos en las decisiones que se tomen en las próximas semanas.
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