El municipio cántabro de Piélagos continúa gobernando su territorio con un Plan General de Ordenación Urbana diseñado en 1993 para una localidad de 11.000 habitantes, cuando hoy roza los 27.000. Un desfase que lastra el desarrollo ordenado del municipio y deja sin solución la situación de decenas de familias cuyas viviendas están afectadas por sentencias de derribo en urbanizaciones de Liencres.
La semana pasada se celebró un pleno extraordinario convocado por los grupos de la oposición, PSOE, PRC y @Avip, con un único objetivo: conocer en qué punto se encuentra la tramitación del nuevo PGOU y si existe algún horizonte temporal para su aprobación. La sesión, sin embargo, no despejó las dudas. El equipo de gobierno no ofreció fechas concretas.
El alcalde, Carlos Caramés, del PP, defendió que el documento no está paralizado y que el Ayuntamiento trabaja junto al Gobierno de Cantabria y la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo para garantizar la mayor seguridad jurídica posible. Su intención es que la documentación pendiente se presente este mismo mes de septiembre y que las respuestas lleguen en octubre, para después incorporar modificaciones y abrir un nuevo periodo de información pública.
La oposición no quedó satisfecha. La portavoz socialista, Verónica Samperio, repasó la cronología del proceso y reprochó que en tres años no se haya informado a las comisiones municipales de los avances. «Siempre que se ha preguntado cómo iba, no se ha dicho ni una palabra», denunció.
La portavoz del PRC, Susana Iglesias, reclamó responsabilidad y transparencia, y el portavoz de @Avip, Luis Sañudo, fue más directo al asegurar que el documento lleva años «guardado en un cajón».
El último movimiento oficial data del 31 de octubre de 2023, cuando la Crotu devolvió el documento al Ayuntamiento para que introdujera modificaciones y nuevos informes sectoriales antes de someterlo de nuevo a información pública. Desde entonces, silencio administrativo.
Uno de los nudos que complican la tramitación es la situación jurídica de los terrenos vinculados a las viviendas con sentencias de derribo. El alcalde considera necesario resolver primero esos aspectos antes de avanzar con el resto del documento. Un proceso que, según él mismo admitió, le genera una preocupación personal por las familias afectadas.
Más de treinta años después, Piélagos sigue esperando una herramienta urbanística que refleje lo que realmente es, y no lo que era cuando muchos de sus vecinos actuales aún no habían nacido.
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