La Diócesis de Zamora ha anunciado que la Santa Sede ha abierto un procedimiento canónico formal contra un sacerdote de la diócesis tras recibir acusaciones de abuso sexual a menores. El caso, que llegó a Roma después de una investigación interna, ha derivado en la suspensión cautelar del sacerdote y en la comunicación del asunto a las autoridades civiles.
El obispo de Zamora, Fernando Valera, puso en marcha una investigación previa en cuanto tuvo conocimiento de las acusaciones. A lo largo de esa primera fase se reunieron testimonios y documentación con el objetivo de esclarecer los hechos denunciados, que según las personas que los relataron habrían ocurrido cuando eran menores de edad.
Concluida esa etapa, el expediente fue elevado al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el organismo vaticano competente para tratar este tipo de asuntos dentro de la Iglesia católica. Tras examinar todo lo actuado en Zamora, el Dicasterio ha decidido abrir el correspondiente procedimiento canónico, que tendrá que determinar qué ocurrió y, en su caso, fijar las responsabilidades que correspondan.
Mientras avanza ese proceso, el sacerdote acusado ha sido apartado de su actividad ordinaria. La Diócesis ha decretado el cese temporal de sus funciones como párroco, la suspensión del ejercicio público de su ministerio y la prohibición de participar en cualquier actividad en la que haya menores implicados.
El Obispado subraya que se trata de medidas estrictamente preventivas y que no anticipan ningún resultado. La presunción de inocencia del sacerdote se mantiene en tanto no exista una resolución que determine su responsabilidad.
El caso no queda circunscrito al ámbito eclesiástico. La Diócesis confirmó que puso los hechos en conocimiento de las autoridades civiles y que está dispuesta a colaborar con ellas en todo lo que sea necesario. Ello significa que la investigación canónica no reemplaza las actuaciones que puedan corresponder a la justicia ordinaria.
El comunicado del Obispado no desvela la identidad del sacerdote, el número de denunciantes, las fechas aproximadas de los hechos ni las parroquias en las que podrían haberse producido.
La Diócesis ha pedido prudencia a la opinión pública mientras los procedimientos siguen su curso, y ha reiterado su compromiso con la protección de menores y personas vulnerables, así como su voluntad de ofrecer acompañamiento a todas las personas implicadas en el caso.
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