El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha activado un protocolo de actuación urgente tras detectar vertidos ilegales de amianto en tres puntos distintos del municipio. Los residuos, depositados de forma ilícita en espacios públicos, obligaron al consistorio a intervenir de inmediato para garantizar la seguridad y la salubridad de los vecinos.
Los tres puntos afectados son la calle Blasco Ibáñez, en Trobajo del Camino; la calle El Carbosillo, en el propio núcleo de San Andrés del Rabanedo; y la calle San Isidro, en las proximidades de la subestación eléctrica. En los tres casos, alguien depositó materiales con amianto en la vía pública, incumpliendo la normativa vigente sobre gestión de residuos peligrosos.
Para hacer frente a la situación, el Ayuntamiento tramitó un contrato menor con carácter urgente por un importe de 2.800 euros, adjudicado a la empresa especializada Oxigenio Montajes, S.L. Los trabajos tienen como objetivo la retirada completa de los residuos y la recuperación de los espacios en condiciones adecuadas para el uso ciudadano.
El concejal de Medio Ambiente, Servicios Generales, Urbanismo y Contratación, Alejandro Calvo, fue claro al valorar la situación. Reconoció que el Ayuntamiento tiene la obligación de actuar por seguridad, pero advirtió que eso no puede convertirse en una normalización de estas conductas. «Arrojar amianto u otro tipo de residuos en espacios públicos es una práctica ilegal que perjudica al conjunto de los vecinos y obliga al Ayuntamiento a destinar recursos públicos a solucionar un problema que no debería haberse producido», afirmó.
Calvo también subrayó el impacto económico que este tipo de comportamientos tiene sobre las arcas municipales. El dinero empleado en la retirada de estos vertidos es dinero que no podrá destinarse a otras necesidades del municipio, lo que convierte el incivismo en una carga que acaba pagando toda la ciudadanía.
El edil hizo un llamamiento a la responsabilidad colectiva y recordó que existen gestores autorizados para deshacerse de residuos peligrosos como el amianto. «Los espacios públicos no pueden convertirse en vertederos improvisados», insistió.
El amianto es una sustancia clasificada como peligrosa por sus efectos sobre la salud, especialmente por el riesgo de enfermedades respiratorias graves derivadas de la inhalación de sus fibras. Su gestión está regulada por normativa específica y solo puede realizarse a través de empresas homologadas.
Las autoridades locales no han descartado emprender acciones para identificar a los responsables de los vertidos.
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