El pleno municipal de agosto en Segovia arrojó uno de los momentos de mayor acuerdo entre los grupos del consistorio en lo que va de mandato. La moción sobre el problema del ruido en los espacios públicos salió adelante por unanimidad, con el respaldo de todos los partidos representados en la corporación municipal.
La propuesta, presentada por Ciudadanos, plantea identificar y hacer seguimiento de las zonas con más quejas vecinales, reforzar la presencia policial, aplicar con mayor rigor la ordenanza municipal y poner en marcha campañas de sensibilización ciudadana.
La concejala de Ciudadanos, Noemí Otero, puso el acento en un dato que el debate dejó claro: el ruido ya no es un problema exclusivo de las fiestas universitarias. Durante los meses de verano, con apenas estudiantes en la ciudad, las quejas de vecinos de barrios como Nueva Segovia o Santa Eulalia no han cesado. El problema es cotidiano y afecta a plazas y espacios públicos de forma sostenida.
El resto de grupos compartieron el diagnóstico, aunque con matices. Desde IU, Ana Peñalosa reclamó procedimientos más ágiles para tramitar las denuncias y medios técnicos homologados que permitan acreditar las infracciones con garantías. El PSOE fue más allá y pidió recopilar datos, realizar mediciones y estudiar la posible declaración de zonas acústicamente saturadas donde se cumplan los requisitos legales. Vox señaló que las normas existentes se quedan demasiadas veces en papel mojado, citando como ejemplo los problemas que sufren los vecinos de la calle Gutiérrez Mellado.
El equipo de gobierno del PP aceptó la moción, aunque el concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, defendió la labor realizada hasta ahora. Aseguró que el ruido vinculado a las celebraciones estudiantiles ha bajado de forma notable gracias a la colaboración con las universidades. También recordó que el Ayuntamiento puede precintar equipos de música, retirarlos e incluso clausurar locales de forma cautelar, como ya ocurrió en la calle Infanta Isabel.
González-Salamanca puso el foco en lo que considera el núcleo del problema actual: las personas que, al salir de los establecimientos, continúan en la calle hablando a gritos. Estas situaciones, dijo, rozan el orden público y la convivencia, y van más allá de lo que puede resolver únicamente la administración local. Por ello, el Ayuntamiento pedirá la colaboración de la Policía Nacional para reforzar la vigilancia en las zonas más conflictivas.
Un acuerdo unánime que llega en un momento políticamente relevante, con el debate sobre las ordenanzas fiscales de 2027 a la vuelta de la esquina.
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