Un grupo de sesenta valencianos afectados por la Dana del 29 de octubre de 2024 se ha organizado para presentar una reclamación conjunta ante el Consorcio de Compensación de Seguros. El plazo apremia: en octubre se cumplen dos años de la tragedia y, con ello, podría extinguirse el derecho de muchos damnificados a seguir exigiendo una indemnización justa.
La iniciativa la lidera la Plataforma por la Transparencia de las Indemnizaciones Justas del Consorcio (PTIJC), una entidad sin ánimo de lucro que reúne a especialistas en derecho, seguros y peritación. Uno de sus impulsores, el mediador de seguros José Santos de Blas, explica que la prioridad no es resolver todos los expedientes antes de esa fecha, sino asegurarse de que ningún afectado pierda su derecho a reclamar por el paso del tiempo.
«Lo primero, lo más urgente, es interrumpir la prescripción para luego tener todo el tiempo del mundo para reclamar», señala Santos de Blas.
La plataforma trabaja con expedientes de particulares, autónomos y empresas valencianas. Entre ellos se encuentran casos que Santos de Blas venía gestionando desde noviembre de 2024 y otros llegados tras la presentación pública de la iniciativa el pasado mes de junio. El paso concreto que se prepara consiste en enviar una comunicación formal al Consorcio manifestando la voluntad de reclamar sobre cada expediente. Ese trámite puede realizarlo el propio afectado o un profesional autorizado.
El contexto es relevante. El Consorcio de Compensación de Seguros recibió más de 251.000 solicitudes de indemnización tras la Dana, de las que cerca de 23.000 correspondían a empresas. El organismo asegura haber gestionado el 99,5% de los casos y haber abonado más de 4.484 millones de euros, con un coste total estimado en torno a los 4.800 millones.
Sin embargo, la PTIJC sostiene que aún hay afectados que consideran insuficiente lo recibido o que no están conformes con la valoración de sus daños. Muchos casos responden a diferencias entre lo que el afectado calculó como pérdida y lo que el Consorcio reconoció finalmente.
La plataforma cuenta entre sus integrantes con el exmagistrado del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho Civil de la Universitat de València, Javier Orduña, lo que refuerza el peso jurídico de la iniciativa.
Quienes se encuentren en esta situación disponen de pocas semanas para actuar. La PTIJC recuerda que cualquier afectado puede reclamar por sus propios medios, pero advierte de que el apoyo técnico puede marcar la diferencia en el resultado final.