Las empresas constructoras de las viviendas de protección oficial proyectadas en seis parcelas municipales de Logroño llevan meses ignorando los requerimientos de documentación que les ha enviado el propio Consistorio. Así lo denunció esta semana el concejal socialista Iván Reinares, quien exige al equipo de Gobierno que endurezca su postura frente a las promotoras.
Reinares compareció ante los medios para revelar que los técnicos municipales han emitido hasta tres requerimientos formales de información a las adjudicatarias de los seis solares donde se levantarán 104 viviendas protegidas. El primero se envió el 12 de febrero, apenas días después de que trascendiera públicamente que las empresas habían asignado las viviendas sin ningún proceso de concurrencia ni publicidad. Los dos siguientes, fechados el 12 de marzo y el 30 de abril, tampoco obtuvieron respuesta en lo relativo al proceso de selección de compradores.
El edil socialista fue rotundo: «Gobernar una ciudad no consiste en cruzar los dedos y confiar en la buena voluntad de las empresas privadas; gobernar es vigilar, es proteger y es hacer cumplir la ley». Reinares señaló que los expedientes «siguen vacíos de explicaciones» y reclamó la aplicación de medidas coercitivas y expedientes de obligado cumplimiento.
El concejal también aprovechó para cuestionar las declaraciones que la portavoz municipal y la concejala de Vivienda realizaron en febrero, cuando insinuaron que las promotoras no habían adjudicado las viviendas a dedo. «Con los datos que tenemos hoy, aquella coartada política se ha derrumbado», afirmó.
Aunque algunas constructoras han aportado documentación de carácter general, los aspectos relativos a cómo se eligió a los compradores permanecen sin aclarar. Para el PSOE, ese silencio no es casual.
El PP respondió en cuestión de minutos. Desde el partido de gobierno consideraron que el PSOE «confunde deliberadamente los procedimientos ordinarios de control administrativo con una supuesta irregularidad» y acusaron a Reinares de «fabricar polémicas» para ganar protagonismo. Los populares defendieron que los técnicos municipales están actuando con normalidad y recordaron el caso de la promoción Piqueras 2010, impulsada bajo el anterior gobierno socialista, como ejemplo de falta de transparencia en materia de vivienda protegida.
El choque entre ambos partidos deja en el aire una pregunta incómoda para el Ayuntamiento: si las empresas no responden, ¿qué herramientas está dispuesto a usar el equipo de Gobierno para garantizar que el acceso a la vivienda pública en Logroño se hace con plena legalidad?
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