Comienza en los juzgados de Vitoria el proceso penal contra los 15 monitores investigados por los presuntos abusos cometidos durante los campamentos de verano organizados por la asociación Sarrea en el municipio alavés de Bernedo. La primera jornada ha estado marcada por el mutismo de los investigados y por la ausencia de cinco de ellos.
De los 15 citados, solo diez han acudido al Palacio de Justicia. Nueve han ejercido su derecho a no declarar y únicamente una ha tomado la palabra, y lo ha hecho de forma muy limitada: únicamente para negar ser la persona que aparece en una fotografía que le fue mostrada. Ni ante la jueza ni ante la prensa ha habido más declaraciones.
La vista ha sido, según ha confirmado la propia defensa a la salida del juzgado, muy breve. Más de cuatro horas después de la llegada de los primeros integrantes de Sarrea, el resultado ha sido prácticamente nulo en cuanto a testimonios.
El proceso busca esclarecer si se cometieron delitos durante las colonias de verano. Los menores que participaron en los campamentos relataron a la Ertzaintza situaciones en las que las niñas eran obligadas a desnudarse y compartir las duchas con chicos, episodios de acoso sexual entre menores, vejaciones diversas y conductas inapropiadas por parte de algunas monitoras, quienes supuestamente andaban semidesnudas y animaban a los niños y adolescentes a adoptar comportamientos sexualizados.
Entre las acusaciones personadas en la causa se encuentran la Diputación Foral de Álava, Vox y Abogados Cristianos, además de familias de algunos de los menores afectados. Esta última organización se ha querellado por delitos de exhibicionismo obsceno ante menores, hacer presenciar a menores actos de naturaleza sexual y coacciones. Según su letrado, la suma de estos delitos podría alcanzar una pena máxima de aproximadamente tres años de prisión.
La instrucción continuará este martes con la declaración de un menor, que estará asistido por su representante legal.
El caso se encuentra aún en una fase muy incipiente. El camino hasta un posible juicio oral puede alargarse durante meses. Se trata además de un procedimiento distinto al contencioso-administrativo, que ya suspendió cautelarmente la prohibición impuesta por la Diputación a estos campamentos durante tres años.
Vitoria asiste así al inicio de un proceso judicial que promete ser largo y que mantiene en vilo a muchas familias alavesas.
