El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha dado un paso firme para blindar a sus vecinos frente a la instalación de plantas de biometano en las cercanías de la ciudad. La Junta de Gobierno Local ha aprobado un paquete de diez alegaciones al proyecto de decreto regional que regula este tipo de instalaciones, reclamando condiciones mucho más estrictas que las previstas inicialmente.
La medida más llamativa es la propuesta de ampliar de dos a cinco kilómetros la distancia mínima obligatoria entre estas instalaciones y los suelos residenciales, urbanos e industriales. Un cambio sustancial que, según el equipo de Gobierno municipal, busca reforzar las garantías ambientales, urbanísticas y de salubridad para la población.
El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, ha explicado que las alegaciones responden a los acuerdos adoptados en el último Pleno Extraordinario y persiguen también preservar las competencias de las administraciones locales frente a posibles intromisiones de la normativa autonómica.
Entre las demás propuestas del Ayuntamiento destaca la fijación de un límite máximo de 50 kilómetros para el origen de los residuos que alimenten estas plantas, con el fin de evitar que dependan de materiales traídos desde lejos. También se solicita la prohibición expresa de importar sustratos desde otras comunidades autónomas y que el tamaño de las instalaciones guarde proporción directa con la capacidad de generación de residuos de la zona.
El consistorio reclama además que las competencias técnicas de validación permanezcan en el órgano ambiental autonómico, sin trasladar cargas de gestión a los municipios. Y pide eliminar o restringir el régimen de excepcionalidad para inversiones estratégicas, que podría usarse para esquivar el control urbanístico y ambiental local.
En paralelo, la Junta de Gobierno ha autorizado al alcalde a presentar un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental del pasado 24 de julio, que otorgó una autorización ambiental integrada. El recurso se apoya en cinco motivos, entre ellos una posible nulidad por infracción de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, la vulneración de la autonomía local del municipio de Cazalegas y la existencia de una incompatibilidad urbanística surgida tras el inicio de la modificación del Plan de Ordenación Municipal acordada el 7 de agosto.
El Ayuntamiento talaverano deja así claro que no está dispuesto a ceder terreno en la defensa del entorno y la salud de sus vecinos.
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