La polémica sobre el convenio de atención turística entre el Consistorio toledano y la Diputación provincial no se cierra. Lo que comenzó como una denuncia por el uso de personal provincial con un acuerdo supuestamente caducado ha derivado en un cruce de acusaciones sobre falta de transparencia en la gestión municipal.
El portavoz del Ayuntamiento, Juan José Alcalde, salió este miércoles al paso de las críticas lanzadas un día antes por Izquierda Unida-Podemos, asegurando que el convenio «se amplió, se prorrogó» y que permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Alcalde fue tajante: la denuncia de IU parte de «un error que debería corregirse públicamente» y el concejal implicado «debería disculparse» ante los ciudadanos.
Sin embargo, el portavoz de IU-Podemos, Txema Fernández, no se dio por aludido. Reconoció la existencia de un acuerdo de prórroga aprobado por la Junta de Gobierno de la Diputación en diciembre de 2025, pero denunció que el Ayuntamiento no se lo facilitó cuando solicitó el expediente completo en mayo pasado. Según Fernández, la documentación no llegó hasta julio y lo hizo incompleta, sin incluir ese acuerdo de renovación.
«No he mentido. He dicho lo que ellos han querido que dijera reservándose información, y eso es un problema de transparencia suyo», declaró el representante de la formación de izquierdas.
Más allá del debate sobre la vigencia del acuerdo, IU sostiene que la cuestión de fondo sigue pendiente de respuesta. El convenio suscrito en 2024 establece que los trabajadores de la Diputación deben prestar información turística en la estación del AVE y en la plaza de Zocodover o sus alrededores. Sin embargo, según Fernández, los cuatro empleados provinciales trabajan actualmente en las oficinas municipales ubicadas en los arquillos del Ayuntamiento, un emplazamiento que no figura en el texto del acuerdo.
«Le viene muy bien tener al personal de Diputación pagado por Diputación en un punto que no es objeto del convenio», afirmó Fernández, quien defiende que el Consistorio debería cubrir esas funciones con personal propio, recurriendo a la bolsa municipal de informadores turísticos mientras tramita una nueva convocatoria.
La disputa deja abiertos dos interrogantes que el Ayuntamiento de Toledo tendrá que aclarar: si la ejecución del convenio se ajusta a lo pactado y si la información que reciben los grupos de la oposición llega completa y en plazo.