El concejal de Planeamiento Urbanístico de Toledo, Florentino Delgado, ha lanzado una propuesta que podría suponer un cambio significativo en la forma en que los municipios gestionan sus planes urbanísticos: una modificación legal que reduzca la dependencia de los ayuntamientos respecto a los organismos externos.
Delgado reconoció en rueda de prensa que el Plan de Ordenación Municipal de la ciudad, el documento que marcará el desarrollo urbano de Toledo durante las próximas décadas, sigue sin tener una fecha concreta para su aprobación inicial. El motivo principal es la cantidad de informes obligatorios que deben emitir distintos órganos colaboradores, muchos de ellos vinculantes, y sobre cuyos plazos el consistorio no tiene ningún control.
«Ojalá pudiéramos decir el día 21 de mayo lo vamos a aprobar inicialmente. Eso no lo podemos hacer porque no depende de nosotros», afirmó el concejal, quien lamentó que la autonomía municipal reconocida en la Constitución quede en la práctica reducida a una «ficción jurídica» en estos procesos.
Para poner solución a esta situación, Delgado avanzó que tiene en mente impulsar una reforma legislativa que permita a municipios como Toledo tramitar sus propios planes de forma más ágil y sin pasar por tantos filtros externos. Recordó que el ayuntamiento cuenta con técnicos de primer nivel, poniendo como ejemplo que la jefa de área del consistorio fue anteriormente jefa regional de urbanismo, con capacidad para emitir informes vinculantes a nivel autonómico.
Mientras el POM avanza a un ritmo condicionado por terceros, la ciudad sí ha logrado avances notables en la concesión de licencias urbanísticas. Gracias a un convenio con el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, el tiempo de tramitación ha pasado de ocho o diez meses a tan solo 55 días. En el último año se han gestionado más de mil expedientes, entre ellos casi 700 viviendas, 26 naves industriales y 190 plazas hoteleras.
Ángel Sánchez, presidente de la demarcación toledana del colegio, subrayó que el único objetivo del acuerdo es facilitar la vida a ciudadanos y profesionales del sector.
A todo ello se suma que a mediados de noviembre está prevista una jornada pública en colaboración con el Colegio de Arquitectos donde se debatirá el estado del POM, la situación de los cigarrales y el modelo urbanístico de la ciudad, con participación ciudadana incluida.
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