El sindicato UGT ha desconvocado la huelga que los trabajadores del Centro de Bienestar Animal de Son Reus, gestionado por la empresa concesionaria Athisa, mantenían desde el pasado 24 de agosto. La decisión, sin embargo, no supone el fin del conflicto sino el inicio de una batalla legal que amenaza con pasar factura a varios responsables políticos y directivos del consistorio palmesano.
El sindicato ha explicado que retiró la protesta al comprobar que la medida de presión había quedado neutralizada por lo que califica de «grave e ilegal esquirolaje externo» protagonizado directamente por la cúpula municipal.
Según UGT, el Director General de Medio Ambiente, Espacios Naturales y Bienestar Animal, junto al Jefe de Departamento de Ecología, Agricultura y Bienestar Animal, realizaron de forma continuada y reiterada las tareas propias de los huelguistas durante los días que duró el paro. El sindicato recuerda además que el director general es un policía en excedencia para ocupar el cargo público, lo que hace aún más grave, a su juicio, que llevara a cabo prácticas que considera un «boicot anticonstitucional al ejercicio legítimo del derecho fundamental a la huelga».
La organización ha cargado también contra la «absoluta inacción» del Ayuntamiento de Palma a lo largo de todo el conflicto, sin haber movido, según sus palabras, «un solo dedo» para resolverlo. Una actitud que, subrayan, cuestiona la ética de los responsables y pone de manifiesto su escasa altura política.
Lejos de darse por vencido, el sindicato anuncia ahora una ofensiva en todos los frentes. UGT ha puesto ya los hechos en conocimiento de la autoridad laboral y ha advertido que exigirá responsabilidades directas a los cargos políticos y directivos implicados por la vulneración del derecho de huelga y el presunto delito de esquirolaje.
Además, el sindicato ha anunciado que sacará a la luz públicamente y ante las instancias judiciales todas aquellas «graves irregularidades» que hasta ahora había mantenido en reserva con el objetivo de buscar una solución negociada al conflicto laboral.
Los trabajadores han vuelto a sus puestos, pero con el respaldo de un sindicato que ha dejado claro que no tolerará que este modo de actuar se convierta en costumbre en el consistorio palmesano, y que seguirá usando todas las herramientas legales y de denuncia pública disponibles para defender la dignidad de la plantilla y garantizar la correcta prestación del servicio de protección animal en las instalaciones de Son Reus.
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