La Guardia Civil ha puesto al descubierto un almacén clandestino en la comarca toledana de La Sagra donde una empresa de construcción acumulaba de forma ilegal más de 50 toneladas de residuos con amianto, un material cancerígeno cuya manipulación está sometida a estrictos controles sanitarios y medioambientales.
La investigación fue llevada a cabo por agentes del Seprona de Illescas, que actuaron tras recibir una denuncia sobre una nave industrial en el norte de la comarca. Lo que encontraron al llegar superó las sospechas iniciales.
La empresa investigada se dedicaba al desmontaje de elementos con amianto, conocido popularmente como uralita, en estaciones de tren, naves industriales y asentamientos irregulares repartidos por varias provincias españolas, entre ellas Madrid, Barcelona, Alicante, Murcia, Ciudad Real, A Coruña y la propia Toledo.
Según los investigadores, la compañía habría manipulado de manera irregular más de 750 toneladas de este material peligroso en total. Los protocolos exigen humedecer y encapsular las placas durante el desmontaje para evitar que se liberen fibras de asbesto al aire. Nada de eso, al parecer, se cumplía.
La situación de los trabajadores era especialmente preocupante. Seis empleados accedían con regularidad al almacén clandestino y permanecían expuestos de forma continuada a las fibras cancerígenas sin contar, presuntamente, con ningún tipo de protección exigida por la ley.
Las irregularidades no se limitaban a la gestión de los residuos. Los investigadores detectaron que la empresa habría enviado a la Administración mediciones falsas sobre la calidad del aire, realizadas en lugares distintos a donde se ejecutaban los trabajos. También se habrían facturado servicios que nunca se prestaron.
Aún más grave resulta la manipulación de documentos. La documentación oficial indicaba que los residuos habían sido entregados en vertederos autorizados, cuando en realidad habrían terminado abandonados en la misma nave investigada en La Sagra.
El propietario de la empresa ha quedado investigado como presunto autor de delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, contra los derechos de los trabajadores, contra el patrimonio y por falsedad documental. Un cuadro de cargos que refleja la gravedad de lo ocurrido en un municipio de una comarca que no esperaba tener en su interior un foco de contaminación de estas dimensiones.
