El Ayuntamiento de Castrogonzalo cuenta desde agosto con un informe técnico encargado a investigadores de la Universidad de Sevilla que pone en serias dudas la validez del expediente ambiental de la planta de biogás que una empresa privada pretende instalar en el término municipal. El documento, con un coste de 8.470 euros, concluye que la instalación no puede autorizarse tal y como está planteada.
El análisis señala que el estudio hidrogeológico, piezas clave para garantizar que las aguas subterráneas no sufrirían daño, está construido sobre datos genéricos de tabla y no sobre mediciones reales del terreno. Los técnicos lo describen como una operación aritmética sin contenido empírico, lo que en la práctica significa que nadie ha comprobado sobre el terreno lo que el expediente da por sentado.
A eso se suman otros problemas graves. El expediente recoge cuatro valores distintos para la profundidad del nivel freático sin explicar cuál es el correcto, presenta tipos de suelo que se contradicen entre sí y sitúa la instalación en un polígono catastral equivocado con superficies que no cuadran con los registros oficiales.
El estudio de olores tampoco sale bien parado. Fue elaborado para un proyecto anterior y no se corresponde con la instalación que ahora está en trámite. Modela una chimenea de diez metros cuando el diseño actual contempla un biofiltro de apenas 1,40 metros, calcula solo cinco digestores cuando el proyecto tiene siete y omite el núcleo habitado más cercano, situado a apenas 1,1 kilómetros.
Los investigadores del Instituto de Análisis Territorial, autor del informe complementario, van más allá y fijan nueve condiciones que la planta debería cumplir para poder considerarse ambientalmente aceptable. Entre ellas, una red de control de aguas subterráneas desde el primer día, la acreditación del destino del fertilizante producido y un estudio de olores que incluya escenarios de avería.
La propuesta que el ayuntamiento ha redactado a partir de estas conclusiones pide que el promotor elabore un nuevo estudio hidrogeológico basado en trabajos de campo reales y que el Estudio de Impacto Ambiental vuelva a someterse a información pública antes de que la Junta de Castilla y León pueda emitir su declaración de impacto.
El municipio lleva tiempo mostrando su oposición al proyecto. Ahora, con un informe universitario respaldando sus argumentos técnicos, el consistorio dispone de una herramienta mucho más sólida para defender su postura ante la administración autonómica.
