El mercado de San Blas de Logroño vuelve a ser el centro de la tormenta. La última licitación de puestos ha desatado una fuerte controversia después de que tres de los espacios adjudicados hayan recaído en empresas pertenecientes a un mismo grupo, que acumularía así un total de cuatro locales en el interior del mercado.
El concejal socialista Iván Reinares ha calificado la situación de «claro ejercicio de privilegios, amiguismo y opacidad». Según ha denunciado, el reglamento de mercados prohíbe expresamente que un mismo propietario controle más de dos locales, por lo que la adjudicación choca de frente con la normativa que regula estos espacios públicos.
Las tres empresas señaladas por el PSOE, Sagasta Market, Rituerto 1960 y De Ritu Food, habrían competido de forma separada al concurso pero estarían vinculadas a un mismo grupo empresarial. El grupo llegó a optar a cinco puestos, aunque finalmente renunció a dos de ellos, quedándose igualmente con cuatro si se cuenta el local del que ya disponían antes del proceso de licitación.
Más allá del resultado, los socialistas también han criticado la actuación del concejal responsable del área, Miguel Sáinz. Reinares asegura que permitió que representantes del grupo accedieran a los locales para instalar cartelería y realizar obras antes de que los espacios estuvieran oficialmente adjudicados, algo que considera especialmente grave.
El edil ha lamentado además que el PP haya vetado la comparecencia de Sáinz para dar explicaciones ante el grupo municipal socialista, y ha vinculado este caso con otras polémicas recientes del gobierno de Escobar, como la adjudicación de viviendas de protección oficial.
La respuesta del PP no se ha hecho esperar. Los populares han pedido respeto hacia los técnicos municipales y hacia la Mesa de Contratación, a quienes han defendido como profesionales independientes y rigurosos. Han instado a Reinares a «dejar de hacer el ridículo» y a celebrar junto al resto de logroñeses el nuevo rumbo del mercado de San Blas.
Entre medias, los pequeños emprendedores y vecinos que aspiraban a un puesto en la plaza de abastos han quedado fuera del proceso, obligados a buscar otras alternativas. Una circunstancia que los socialistas consideran el daño más real y tangible de una adjudicación que, en su opinión, ha primado los intereses de unos pocos frente a los del comercio local.
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