Una empresa bodeguera de Villarrobledo ha solicitado autorización para evacuar cada año hasta 7.700 metros cúbicos de aguas residuales depuradas al terreno, en un punto situado directamente sobre la masa de agua subterránea Rus-Valdelobos, declarada oficialmente en riesgo desde hace más de una década.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha publicado esta semana en el Boletín Oficial del Estado el anuncio de información pública correspondiente al expediente promovido por Castillo de Aresan S.L., cuyas instalaciones se ubican en la carretera N-310, a la altura del kilómetro 123 de Villarrobledo.
El procedimiento consiste en la revisión de una autorización administrativa de vertido. Las aguas en cuestión proceden de la actividad propia de la bodega, dedicada a la elaboración, crianza y embotellado de vinos, y están clasificadas como urbanas de hasta 1.999 habitantes equivalentes e industriales de clase 2.
El sistema previsto para evacuar esas aguas es el que convierte este expediente en un asunto de especial sensibilidad: se trata de zanjas filtrantes que descargarían directamente sobre el suelo, en una zona que coincide con la masa subterránea Rus-Valdelobos.
Esta masa de agua no se encuentra en una situación ordinaria. Desde diciembre de 2014, el Ministerio para la Transición Ecológica la mantiene en la lista de acuíferos declarados en riesgo de no alcanzar el buen estado, tanto en lo que se refiere a su volumen disponible como a su calidad química. La presencia elevada de nitratos ha sido uno de los factores determinantes de esa declaración.
La situación no ha mejorado con el tiempo. A finales de 2023, la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana aprobó una nueva revisión del programa de actuación específico para Rus-Valdelobos, junto a otras masas subterráneas de la demarcación que comparten diagnóstico similar.
Es importante subrayar que la publicación del anuncio no implica que se haya detectado ninguna contaminación atribuible a la bodega ni que exista expediente sancionador alguno contra la empresa. La Confederación simplemente somete a información pública la tramitación, como marca el procedimiento legal.
A partir del día siguiente a la publicación en el BOE, se abre un plazo de 30 días en el que cualquier persona o entidad que pueda resultar afectada puede presentar reclamaciones. El expediente completo está disponible para su consulta en las oficinas de la Confederación en Ciudad Real.
Será al final del proceso cuando el organismo de cuenca fije las condiciones bajo las que, en su caso, podría autorizarse el vertido y las medidas de protección exigibles para salvaguardar un acuífero que lleva años sometido a vigilancia especial.
