Los padres de Marta, una joven de Ibi, en la provincia de Alicante, han reaccionado con indignación ante la sentencia que obliga a la Conselleria de Sanidad a indemnizarles con 100.000 euros por la atención deficiente que recibió su hija, quien quedó en estado de incapacidad grave tras sufrir un shock anafiláctico después de beber un batido.
La madre de la joven, María Pérez, ha sido contundente en un vídeo difundido en redes sociales: «Es una vergüenza si creen que la vida de nuestra hija vale 100.000 euros. No soy de decir palabrotas, pero ese dinero se lo podrían meter por donde les quepa, porque lo que le han hecho a Marta no tiene nombre».
La familia señala directamente a la primera asistencia recibida en el centro de salud de Ibi como el punto de partida de la tragedia. Según relatan, Marta fue enviada a casa sin que le realizaran una exploración completa ni un seguimiento adecuado, pese a la gravedad de la reacción alérgica que estaba sufriendo.
La propia sentencia, fechada el pasado 8 de julio y firmada por el tribunal correspondiente, reconoce que la exploración realizada fue «parca», que la hoja de asistencia se completó de forma «deficitaria» y que se omitió información relevante, como la administración del medicamento antiinflamatorio Urbasón.
Sin embargo, los magistrados atenuaron la responsabilidad directa de los facultativos de guardia argumentando una serie de «circunstancias desafortunadas». Entre ellas, que el historial de asma grave de Marta constaba en el sistema sanitario de otra comunidad autónoma, lo que impedía su consulta desde Alicante debido a la falta de interconexión entre las bases de datos autonómicas. Esa circunstancia dejó a la joven sin seguimiento por parte del servicio local de Alergología.
La acusación había reclamado una indemnización de 4,1 millones de euros para cubrir todas las terapias y tratamientos que Marta pueda necesitar a lo largo de su vida. Una cifra muy alejada de los 100.000 euros finalmente reconocidos.
La familia no ha confirmado oficialmente si ha presentado recurso, aunque disponía de un plazo de 30 días desde la notificación del fallo. Sus palabras no dejan lugar a dudas: «Vamos a seguir luchando cueste lo que cueste». Su único objetivo, según ha subrayado María Pérez, es conseguir que su hija «tenga todas las terapias posibles y pueda disfrutar de una calidad de vida digna».
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