La Audiencia Nacional ha dado luz verde a la entrega a las autoridades peruanas de una mujer residente en Amurrio, localidad alavesa del Valle de Ayala, acusada de pertenecer a una banda criminal dedicada al fraude informático contra empresas y entidades bancarias en Perú.
La sospechosa lleva algo más de un año viviendo en el municipio alavés junto a su bebé, nacido en España, y dos familiares, en un piso de acogida. Recibe una prestación como madre monoparental y estaba buscando empleo cuando la Interpol la localizó en Álava tras no encontrarla en territorio peruano.
Según el proceso judicial abierto en Lima, la mujer formaba parte del segundo escalafón de una organización que en 2024 transfirió grandes sumas de dinero desde cuentas de empresas y bancos hacia personas captadas como intermediarias, conocidas como mulas. Su función concreta era acompañar físicamente a esos colaboradores hasta las ventanillas bancarias para retirar el efectivo obtenido de forma fraudulenta. Solo en una jornada habría logrado reunir más de 130.000 soles, unos 33.700 euros al cambio actual, en cuatro visitas a distintas oficinas en Lima.
El juzgado peruano que instruye el caso pasó sus datos a la Interpol al no localizarla, y fue así como terminó siendo identificada en Álava, donde acude cada quince días a los juzgados de Amurrio a firmar como medida de libertad provisional. Su pasaporte está retirado.
A principios de junio se celebró la vista oral en la Audiencia Nacional. Su abogado, el letrado alavés Alberto Zulueta, argumentó razones humanitarias para frenar la extradición, destacando las enfermedades crónicas que padece la mujer, entre ellas tuberculosis y diabetes, así como el hecho de que tiene un bebé de menos de un año. Zulueta insiste en que no existe riesgo de fuga y pide que pueda continuar en Amurrio durante la fase de instrucción.
Sin embargo, el magistrado que ha firmado la resolución rechaza estos argumentos. Señala que la acusada convive con una hija mayor de edad y que las autoridades peruanas están en condiciones de garantizar tanto la atención sanitaria como la protección del menor.
Salvo que el Consejo de Ministros conceda un indulto o que la justicia peruana revoque la decisión, agentes de la Policía Nacional acudirán en breve al domicilio de la mujer para acompañarla en un vuelo directo a Lima, donde quedará a disposición judicial.
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