Una mujer de Baleares ha presentado una reclamación de más de 300.000 euros contra el servicio balear de salud, IBSalut, al considerar que los sanitarios que acompañaron a su marido al domicilio tras su alta hospitalaria fueron responsables de la muerte del hombre.
Los hechos ocurrieron en el verano de 2023. El paciente había permanecido ingresado varios días en el Hospital Universitario Son Espases a causa de una neumonía asociada al coronavirus. Cuando recibió el alta, los sanitarios le acompañaron hasta su casa, pero al llegar al edificio el ascensor no funcionaba.
A pesar de que el hombre padecía parkinson, una cardiopatía y un traumatismo vertebral que dificultaba gravemente su movilidad, los profesionales que le acompañaban le hicieron subir cuatro pisos por las escaleras y le dejaron en el rellano.
Según el relato de su esposa, al llegar arriba el hombre presentaba «los ojos fuera de las órbitas», estaba nervioso, exhausto y con la respiración muy agitada. Al día siguiente comenzó a vomitar con fuerza y frecuencia, lo que su mujer atribuye directamente al esfuerzo realizado.
Tuvo que ser ingresado de nuevo en Son Espases, en esta ocasión en una habitación para pacientes terminales. Posteriormente fue trasladado al Hospital General, donde acabó falleciendo.
La viuda reclamó 322.240 euros en concepto de responsabilidad patrimonial, pero tanto el instructor del procedimiento administrativo como el Consell Consultiu han desestimado la reclamación. El organismo consultivo concluyó que no es posible establecer una relación de causalidad entre el traslado sanitario y el fallecimiento, argumentando que los técnicos no tenían por qué conocer todas las patologías del paciente y que en ningún momento le obligaron a subir las escaleras.
El dictamen señala además que la reclamante no aportó una justificación técnica suficiente de las negligencias denunciadas.
En paralelo, el mismo organismo ha rechazado otra reclamación presentada por una paciente que fue diagnosticada de cistitis cuando en realidad sufría una apendicitis con peritonitis, y que pedía una indemnización de 90.307 euros al IBSalut. En ese caso, todos los informes obrantes en el expediente valoraron que la asistencia médica prestada había sido correcta.
Ambas resoluciones ponen de manifiesto la dificultad de acreditar negligencia en la atención sanitaria pública, incluso cuando las consecuencias para los pacientes y sus familias son irreversibles.
