La plataforma ciudadana que se opone a la instalación de una planta de biometano junto al río Duero en Valladolid eleva su lucha al máximo defensor regional de los derechos ciudadanos, exigiendo la paralización del proyecto.
La Asociación sin ánimo de lucro ‘Plataforma contra la planta de biogás Granja Conchita’ ha presentado una queja formal ante la Oficina del Procurador del Común de Castilla y León. El objetivo es que este organismo intervenga ante la Consejería de Medio Ambiente de la Junta y solicite la paralización del proyecto mediante las resoluciones o recomendaciones que considere oportunas.
El documento de queja recoge hasta nueve cuestiones que la asociación considera irregulares o insuficientemente atendidas en el proceso de autorización ambiental.
Una de las principales preocupaciones es la gestión del agua. La plataforma señala que en el proyecto figuran cifras contradictorias sobre el consumo anual, y advierte de la peligrosa proximidad de las instalaciones al río Duero y a la Zona de Especial Conservación asociada a él.
Otro punto crítico es la distancia al núcleo urbano de Herrera de Duero. La Asociación empresarial del Biogás fija un mínimo de 200 metros de separación con las viviendas como buena práctica. La plataforma asegura que la planta se ubicaría a menos de 400 metros de las casas, y denuncia que el Informe de Impacto Ambiental no analiza este parámetro en ningún momento.
También preocupa el riesgo de contaminación masiva del río Duero en caso de vertidos descontrolados o crecidas extraordinarias, algo que el propio informe reconoce en uno de sus apartados.
El tráfico pesado es otra fuente de conflicto. El funcionamiento de la planta requeriría al menos 2.000 entradas de camiones al año, sin que el promotor haya presentado un plan de mantenimiento de las vías de acceso.
La evaluación del impacto ambiental también está en el punto de mira. Los vecinos consideran que debería haberse tramitado como ordinaria y no como simplificada, dado que la instalación se encuentra próxima a espacios de la Red Natura 2000.
Igualmente, la asociación critica que el estudio de olores se realizará un año después de que la planta entre en funcionamiento, lo que dejará a la población expuesta durante ese periodo sin datos previos que la protejan.
A todo ello se suma la ausencia de información sobre el destino del digestato generado, una posible incompatibilidad con la calificación de suelo rústico del terreno y la falta de respuesta de la administración a las solicitudes de acceso al expediente del proyecto.
La plataforma mantiene así una presión creciente sobre las instituciones para evitar que la planta de biometano se construya en su entorno más cercano.
Más noticias de Valladolid
Tres robos en tres días a la misma tienda: cuatro detenidos en Valladolid tras acumular casi 900 euros en sustracciones
Valladolid respira: el Ayuntamiento levanta la alerta por ozono tras días de niveles elevados
La ministra de Igualdad amenaza con intervenir tras el polémico cambio de términos del Ayuntamiento de Valladolid en las ayudas de vivienda a víctimas