La Plataforma A11 Pasos ha convocado una protesta para el próximo lunes 24 de agosto coincidiendo con la inauguración parcial de la Autovía del Duero en la provincia de Valladolid, una apertura que la organización considera insuficiente y perjudicial para los municipios de la comarca.
La concentración está citada a las 10 de la mañana en la rotonda de San Bernardo, en Peñafiel, y los convocantes animan a todos los vecinos de la localidad y de los pueblos del entorno a acudir con pitos y caceroladas para expresar su malestar ante el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien estará presente en el acto oficial de apertura.
El motivo del descontento es claro: la autovía no podrá abrirse en su totalidad porque los 34 kilómetros correspondientes a dos tramos siguen pendientes de la finalización del viaducto del Duero. Esto obliga a que el tráfico que circulaba por la N-122 sea derivado hacia carreteras provinciales que, según la plataforma, no están preparadas para absorber semejante volumen de vehículos.
«Traslada el problema a carreteras provinciales, no preparadas para soportar el intensísimo tráfico que les espera», advierten desde A11 Pasos, que considera que esta solución no resolverá los problemas de movilidad de la zona sino que simplemente los desplazará a otras vías, con el consiguiente riesgo para los pueblos afectados.
La organización también recuerda que esta infraestructura acumula años de retraso, y que la apertura parcial pactada entre el Gobierno central, la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial no responde a las expectativas que los habitantes de la comarca llevan esperando desde hace tiempo.
A juicio de los convocantes, lejos de favorecer la circulación, la inauguración en estas condiciones «va a traer graves trastornos a las poblaciones por las que transitará la circulación», lo que convierte el acto del lunes en una inauguración agridulce para una comarca que aspiraba a contar por fin con una conexión viaria digna y segura.
La protesta busca dejar constancia pública de que la solución adoptada no satisface las necesidades reales del territorio y exige a los responsables políticos un compromiso firme para completar la obra en el menor tiempo posible.
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