Vecinos de Santa Catalina atrapados entre escombros, parones y promesas incumplidas en Aranda de Duero

Las 180 familias que viven en los bloques de la primera fase de la rehabilitación urbana de Santa Catalina llevan meses conviviendo con escaleras peligrosas, obras paralizadas y una sensación creciente de abandono por parte del Ayuntamiento de Aranda de Duero.

Vecinos de Santa Catalina atrapados entre escombros, parones y promesas incumplidas en Aranda de Duero

«Estoy harta de sentirme insegura. Tengo dos niñas pequeñas, una de 7 meses, y sin ayuda no puedo salir de casa». Con estas palabras resume Romi lo que se ha convertido en el día a día de decenas de familias del barrio arandino. Las obras del Área de Rehabilitación Urbana, financiadas en su mayor parte con fondos europeos, debían haber concluido en junio. Ahora el nuevo plazo apunta a octubre de 2027.

Los vecinos denuncian largos periodos sin un solo trabajador en la obra. «Hoy han venido dos, pero llevamos 30 días sin nadie aquí», lamenta Mari Carmen Arauzo. El primer gran parón llegó tras una denuncia por trabajadores en situación irregular, y desde entonces la actividad no ha recuperado el ritmo inicial, cuando llegaron a trabajar cerca de 40 operarios.

Las consecuencias son graves. Faltan los ascensores, la red de calor, las escaleras definitivas y el remate de las ventanas. Las provisionales son, según los vecinos, un peligro real. Ya han caído puntales y escombros, uno de ellos golpeó a un vecino. Cuando llueve, el agua corre por las escaleras. Y hay una máquina elevadora que lleva más de un mes bloqueando la ventana de uno de los bajos.

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La situación se vuelve especialmente dramática en los casos más vulnerables. Leonor convive con dos hijas discapacitadas, una de ellas en silla de ruedas, y la otra ya se ha caído dos veces por las rampas. «Esto no hay quien lo aguante», resume su hermana Mariola.

Cada familia ha aportado 4.700 euros de su bolsillo. «Nadie nos dijo que esto iba a ser así. Si lo sé, no me meto», afirma el presidente vecinal José María Rojas, quien reclama al consistorio que ejerza la presión legal que tiene a su alcance sobre la empresa adjudicataria y exige al menos 20 trabajadores diarios para cumplir el nuevo plazo.

Los vecinos piden también más empatía. Algunas de las respuestas recibidas por parte de la dirección facultativa, como sugerir comprar una secadora o colocar una tabla para evitar humedades, han aumentado la indignación.

La principal demanda ahora es clara: una reunión urgente con la concejala de Urbanismo para que alguien, de una vez, les escuche.