Los residentes del bloque número 32 del Paseo de La Florida, en Oviedo, han elevado el tono en el conflicto abierto por la posible instalación de un recurso residencial para menores no acompañados en su edificio. Tras la confirmación por parte del Gobierno de Asturias de que ese inmueble figura entre las ubicaciones barajadas, la presidenta de la comunidad de propietarios ha salido a reclamar con firmeza una reunión directa con los responsables regionales.
Enedina Fernández ha sido clara en sus declaraciones: los vecinos del bloque quieren ser escuchados por el Principado, pero sin intermediarios. «La asociación de vecinos no nos representa; está en nuestra contra», ha afirmado, marcando una ruptura evidente con el colectivo vecinal del barrio.
Fernández ha resumido el sentir mayoritario entre quienes residen en el edificio con una frase que, según ella, se repite constantemente en el entorno: «Centro de menores en La Florida, no». La presidenta también ha lamentado la falta de respuesta del Ayuntamiento y ha pedido al alcalde Alfredo Canteli que «dé la cara» ante una situación que, en su opinión, afecta a los vecinos sin que las instituciones locales ofrezcan ningún tipo de apoyo.
Las concentraciones ya han comenzado. La celebrada el jueves reunió a decenas de personas, y Fernández ha avanzado que las movilizaciones irán a más. «Iremos aumentando las manifestaciones en diferentes partes de Oviedo», ha advertido, añadiendo que este rechazo no es exclusivo de La Florida y que se repetiría en cualquier otro barrio de la ciudad.
Desde la Asociación Vecinal de La Florida, su presidente, Jesús Ángel Alonso, ha querido rebajar la tensión y ha insistido en que su postura no es de enfrentamiento con los residentes del bloque. «No estamos en su contra; tenemos posiciones diferentes sobre lo que significa la acogida de menores no acompañados», ha explicado.
Alonso, que días atrás pidió calma y rechazó la criminalización de estos jóvenes, ha denunciado que el asunto está siendo aprovechado «políticamente por algunas fuerzas de ultraderecha», y ha situado el núcleo del debate en una cuestión de interpretación y de modelo de acogida, no en un rechazo personal hacia los menores.
El conflicto, por tanto, se mueve ya en varios frentes: el enfrentamiento entre vecinos y asociación, la presión sobre el Gobierno regional y el silencio del Consistorio ovetense, que de momento no ha tomado posición pública. La decisión del Principado sobre la ubicación definitiva del recurso promete seguir agitando el barrio en las próximas semanas.
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