El Tribunal Constitucional ha dado un respiro parcial a la normativa costera de la Comunitat Valenciana, aunque mantiene bloqueados los artículos que más importan al Consell: los que pretendían blindar los asentamientos tradicionales frente a los deslindes del Estado.
El auto publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado levanta la suspensión de la disposición adicional cuarta de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana. Esto permite a la Generalitat elaborar un inventario de terrenos que, por su degradación, pueden haber perdido las características propias del dominio público marítimo-terrestre, y solicitar al Estado la revisión de su situación.
Sin embargo, siguen suspendidos el artículo 17 y la disposición final primera. Son precisamente los preceptos que creaban la figura de los asentamientos de interés etnológico del litoral, la herramienta con la que el Consell quería proteger núcleos costeros históricos como las casetes de Nules, la playa del Pinet en Elche, Torre la Sal en Cabanes o la zona de Babilonia en Guardamar.
Estos espacios, vinculados a antiguas concesiones del siglo XX, forman parte de la identidad colectiva de muchas localidades valencianas. Con la legislación estatal vigente, varios de ellos se encuentran dentro del dominio público marítimo-terrestre o ven cómo vencen las concesiones que permitieron su construcción, lo que amenaza su continuidad.
La Ley de Costas valenciana, aprobada en mayo de 2025, nació precisamente para dar respuesta a estas situaciones. El Gobierno de España la recurrió ante el Constitucional, que en marzo admitió a trámite el recurso y suspendió automáticamente tres puntos de la norma durante cinco meses. Cumplido ese plazo, el tribunal debía pronunciarse sobre si mantenía o levantaba esa suspensión. Y la decisión ha sido dispar.
La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha valorado el levantamiento parcial como una buena noticia, pero lo califica de insuficiente. El departamento autonómico deja claro que el procedimiento continúa y que la Generalitat defenderá ante el tribunal la plena entrada en vigor de la ley, incluidos los artículos suspendidos.
De momento, la Comunitat puede avanzar en el inventario de terrenos degradados, pero no puede actuar directamente sobre los deslindes ni proteger por ley los poblados costeros tradicionales. El pulso con el Estado sigue abierto y tendrá que resolverse en la resolución de fondo.
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